Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, lamentó el quiebre en las expectativas de los planteles y de sus estudiantes, y puso sus esperanzas de corregir esto en el Parlamento.
Rector de la Universidad de Concepción, Sergio Lavanchy, lamentó el quiebre en las expectativas de los planteles y de sus estudiantes, y puso sus esperanzas de corregir esto en el Parlamento.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
La Reforma Tributaria tuvo como objetivo aumentar los ingresos fiscales en tres puntos porcentuales del PIB para financiar el gasto adicional en educación, sin embargo, los recursos no fueron suficientes y el proyecto ingresado al Parlamento para reformar la Educación Superior da cuenta de que se requeriría una nueva carga tributaria para alcanzar la gratuidad universal, por lo que sólo se hace cargo de un acceso garantizado hasta el sexto decil en un avance progresivo hasta 2020.
Para el rector de la Universidad de Concepción las cifras no hacen más que exhibir el quiebre de expectativas que ha significado este proyecto, uno que, dice, logró lo impensado: "no dejar a nadie satisfecho".
Y es que Lavanchy aparece preocupado e incluso molesto, tras conocer que no sólo se segrega a las universidades del G9 desconociendo su rol público, sino que además se les "expropia", como diría el titular del G9, Claudio Elórtegui, parte de sus recursos al redistribuir el Aporte Fiscal Directo.
"No hay que olvidarse que se habló de gratuidad universal. Se dice que entre el año 2018 y 2020 llegará al 60% en aquellas instituciones que cumplen los requisitos que impone la ley y el 100% tendría que ser con una carga tributaria tal que se pase del 22 al 29,5% del PIB… Muchos dicen que es realista (que la gratuidad se entregue en relación con los recursos existentes), porque a lo mejor la situación económica no va a dar para más, pero lo que preocupa son las expectativas que se crearon", confirma el rector.
– ¿Ahí se equivocaron en el cálculo que hicieron para la Reforma Tributaria?
– Todos pensamos que con la Reforma se iba a poder sostener la gratuidad, y ahora nos damos cuenta de que no es así.
– Les preocupa la segregación hacia el G9…
– No estamos en contra de la asignación de fondos a universidades estatales, lo que decimos es que no hay reconocimiento a otro conjunto de universidades para darle un trato similar, homólogo al que se establece por ley, ¿cuál es la explicación de hacerlo excluyente para instituciones como la Universidad de Concepción?
Nos hemos venido dando cuenta desde hace tiempo de que se nos ha venido tratando mal, relativizando nuestra importancia y nuestro aporte al desarrollo de nuestras regiones, del país y de las personas.
– ¿Ve alguna intención de parte del Estado en esta división?
– Lo que veo es una posición con un sustento ideológico de suponer y asumir que solamente las universidades del Estado son las que pueden cumplir con ciertos roles. Una posición que en este caso nos puede hacer mucho daño.
Creo que es el golpe más fuerte que reciben estas universidades desde el año 90 y la falta de reconocimiento explícita más fuerte en 16 años. Es preocupante, es frustraste y nos tiene muy desanimados. Tenemos la esperanza de que desde el parlamento se pueda cambiar.
– Se reasigna el Aporte fiscal Directo…
– En las leyes de presupuesto se estableció financiamiento para las universidades estatales a partir de convenios marco, basal y para las del G9 también un basal por desempeño. Ése no está, desaparece.
Los recursos basales permiten que las universidades puedan disponer de ellos, rindiendo las cuentas que correspondan, para sus planes de desarrollo… Ahora existirá un gran fondo orientado a apoyar la investigación en régimen de gratuidad… Este fondo se nutrirá con el Aporte Fiscal Directo. Es decir, será un traspaso de recursos.
– Había un compromiso del Estado en el Gobierno de Piñera de no disminuir recursos y, por el contrario, irlos aumentando. Asimismo, cuando empezó la gratuidad se garantizó que nadie iba a recibir menos de lo que se recibía actualmente.
– Hay muchas cosas que se dicen y no se cumplen. Se iba a aumentar un 5% anual el AFD para que al cabo de 10 años se pudiera duplicar. Eso no se cumplió, se desconoció. Después en la glosa presupuestaria estaba el basal por desempeño para las Ues del G9 que no aparece aquí (señala el documento enviado por el ministerio a los rectores).
Estamos realmente preocupados y lo que más nos preocupa es que va a haber un conjunto de instituciones con arancel regulado, que no sabemos cómo se calculará. No sabemos si obedece a un estudio real del costo por carrera . Luego queda un grupo de universidades que no va a recibir recursos públicos que van a poder aumentar su matrícula y sus aranceles con toda libertad. No me cabe duda que va a haber un grupo de universidades que va a optar por ese modelo.
– ¿Tienen calculado cuánto perdería la UdeC?
– No estamos en eso todavía. Nuestra preocupación es que si queremos una ley para fortalecer la educación, así como está planteada no creo que se cumpla el objetivo y, por lo tanto, esperamos que la sabiduría del Congreso modifique esto ampliamente.
– Fueron muchos meses de trabajo, muchas propuestas y documentos, pero parece haberse vuelto a punto cero.
– Yo creo que la ministra con razón dijo "yo creo que no es posible dejar a todos contentos", y es así, pero parece que hicieron lo impensable: ¡no quedó nadie contento!
– Las sanciones que se establecen para la desviación de los fondos institucionales ¿resuelven el tema del lucro?
– No lo sé… Esa parte jurídica de tipo administrativa no sé si lo resuelva, en lo que estoy de acuerdo es que debe regularse. Si hay platas públicas tiene que ser para los fines educativos que tiene la institución y no para otros y habrá que ver la mejor manera de garantizar eso.