Dra. Ana Araneda
Directora Biobío Sostenible
Junio de este año marca un hito para la gobernanza climática en Chile: es la fecha límite para que cada municipalidad del país presente su plan comunal de cambio climático. Estos instrumentos, lejos de ser meros trámites burocráticos, representan la materialización local de la ambiciosa Ley Marco Cambio Climático N° 21.455 promulgada en 2022. Lo que está en juego no sólo el cumplimiento de un mandato legal, sino la capacidad real de nuestras comunidades para enfrentar la crisis climática desde sus propias realidades territoriales.
A escasos meses del plazo final, la realidad es desalentadora: apenas un puñado de municipalidades en Chile cuenta con su Plan Comunal de Cambio climático. Lo Barnechea destaca como un faro solitario, pionero en un mar de rezagados.
En nuestra región el panorama es desolador: algunas municipalidades corren contra el reloj, otras apenas comienzan a licitar y una mayoría preocupante ni siquiera ha logrado la aprobación de sus concejos municipales. La burocracia y la falta de voluntad política cobran, una vez más, un alto precio.
Mientras el país se desvive en discusiones sobre seguridad y economía –preocupaciones legítimas, sin duda- la crisis climática acecha silenciosa pero implacable durante cada estación, los megaincendios devoran bosques y viviendas, las inundaciones arrasan poblados, la sequía estrangula la agricultura y los eventos extremos se multiplican. El resultado: pérdidas humanas, infraestructura destruida, economías locales devastadas y seguridad comprometida. La paradoja es cruel: priorizamos la seguridad ciudadana mientras ignoramos una de sus mayores amenazas.
El riesgo climático no discrimina, golpea a todos por igual. La resiliencia, sin embargo, es un privilegio de pocos. Por eso estos planes comunales representan una luz de esperanza: democratizan la capacidad de adaptación y transforman la visión global del cambio climático en acciones concretas y locales.
La elaboración de estos planes no es un simple trámite administrativo, sino un acto de responsabilidad histórica. Representan el compromiso de las municipalidades con un futuro viable para sus habitantes. Cada plan bien implementado es una promesa cumplida: medidas de mitigación y adaptación que protegerán vidas, economías y territorios. No son documentos burocráticos, son escudos protectores para comunidades que, sin ellos, quedarían a merced de un clima cada vez más hostil.”