De esta manera, sentencias como la del ex agente de la Dina, Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por múltiples crímenes a 642 de cárcel, no volverían a ocurrir.
Una comisión de expertos convocados por el Ministerio de Justicia presentó este jueves un anteproyecto que plantea grandes modificaciones al actual sistema del Código Penal.
Entre ellos destacan que la permanencia en prisión no podría sobrepasar los 30 años, independiente al número de delitos cometidos. De esta manera, sentencias como la del ex agente de la Dina, Miguel Krassnoff Martchenko, condenado por múltiples crímenes a 642 de cárcel, no volverían a ocurrir.
La iniciativa, elaborada por los abogados Jorge Bofill, Juan Domingo Acosta, Antonio Bascuñán, Jaime Couso, Juan Pablo Cox, Héctor Hernández, Francisco Maldonado, Alex van Weezel y Javier Wielnmann, propone eliminar denominaciones como el “presidio perpetuo” o “presidio mayor”, así también los grados que aplicaban a los castigos según su gravedad (grado mínimo, medio y máximo). En su reemplazo, establece medidas concretas como “multas”, “reclusión”, “libertad restringida” y “prisión”.
De esta manera, cada condena de presidio sería efectiva, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad donde las penas menores a cinco años de prisión suelen terminar en castigos alternativos al encarcelamiento, según el ministerio
El anteproyecto propone una sistematización del Código Penal, al agrupar las distintas leyes que castigan conductas ilícitas, entre ellas conductas terroristas, medioambientales o la Ley de Drogas.
Además, agregaría situaciones no legisladas como la eutanasia o el aborto libre previo a las 12 semanas de gestación, exceptuando el actuar médico. A su vez, añade el castigo a los delitos como: la exhibición no consentida de registros de contenido sexual; colusión económica (reclusión o prisión de uno a tres años); cohecho de funcionarios públicos (reclusión y prisión de uno a cinco años); soborno de privados (reclusión, libertad restringida y pena de cárcel de hasta cinco años); contaminación ambiental (libertad restringida, reclusión o prisión de uno a tres años); y la asociación criminal terrorista (prisión de tres a siete años), además de castigo a quienes financien este tipo de agrupaciones (reclusión de uno a cinco años de cárcel).