Tras cerca de cuatro años de discusión, este martes la Ley de Educación Superior fue publicada en el Diario Oficial, iniciando la cuenta regresiva de una serie de plazos que instaura la nueva legislación.
Entre las nuevas indicaciones, se debe designar al personal de las nuevas superintendencias y subsecretarías de la cartera de Educación dentro de 365 días. No obstante, el plazo más inmediato y el primero en expirar son los 60 días que tienen las universidades adscritas a la gratuidad para informar si se mantienen o dejan esta forma de financiamiento.
Los 33 planteles universitarios y 15 técnicos que se acogen bajo esta política de pago, deben evaluar su continuidad dentro del nuevo margen de normativas que establecerá la legislación, además de evaluar los aranceles que pagarán los estudiantes pertenecientes desde el séptimo decil al noveno.
La ley indica que los estudiantes sin gratuidad no podrán pagar más allá del 40% del arancel regulado en el caso del séptimo y octavo decil, y un 60% más en el caso del octavo decil, lo que ha sido calificado por autoridades académicas de “alto riesgo”.
Al respecto, el jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas, señaló que la nueva ley establece uno de los cambios más profundos de los últimos 30 años, “y cambios como este siempre están sujetos a que surjan algunos problemas. El gobierno está abierto a corregir las materias que sean susceptibles a mejorar, pero eso hay que evaluarlo durante su implementación”.
Por su parte, el director ejecutivo de Acción Educar, fue más crítico con el nuevo escenario al señalar que “la situación cambiará para mal y es probable que se vuelva insostenible para las universidades de mayor arancel”. Esto, pues en su opinión “la masa de estudiantes de los cuatro últimos deciles es más grande en relación a los del 60% más vulnerable”.
Distinta es la opinión del investigador de política educativa de Educación 2020, Ariel Ramos, quien aseveró que “la situación no debiese volverse más crítica, porque con una comisión que analice el costo real de las carreras se espera que se acorte la brecha entre su valor real y el arancel referencial, lo que beneficiaría a las universidades”.
En caso de que una casa de estudios decide abandonar la gratuidad, la ley dicta un período de cinco años en que la institución académica no puede volver a adscribirse al beneficio. Asimismo, los estudiantes pertenecientes a universidades que dejen el método de pago continuarán estudiando con gratuidad.