Este miércoles la Contraloría General de la República dictaminó que el protocolo de Objeción de Conciencia, incluido por el Gobierno en la ley de aborto en tres causales, no se ajusta a derecho, debido a que es “función del Estado garantizar el libre e igualitario acceso a la salud”.
Ante esta situación, la vocera de Gobierno, Cecilia Pérez, aseguró que el Ejecutivo prepara un reglamento para regular la objeción de conciencia. “Anunciamos que a la brevedad prepararemos un reglamento que regule la objeción de conciencia y que acoja los cuestionamientos que ha hecho la Contraloría General de la República a este protocolo”, anunció la secretaria de Estado.
“Como Gobierno no compartimos la decisión, pero comprometidos al estado de derecho y con el rol que le corresponde a las instituciones del país acatamos el dictamen”, agregó.
Asimismo, indicó que “el protocolo que dictó este Gobierno y también el que dictó el gobierno anterior se fundó en la norma legal que expresamente señala que estas materias deben ser reglamentadas por protocolo”. “Asimismo, en cuanto al fondo de la decisión, nuestra posición se fundó en la sentencia del Tribunal Constitucional que reconoció tanto la objeción de conciencia personal como la institucional”, añadió.
“Nuestro protocolo buscaba compatibilizar el ejercicio del derecho de objeción de conciencia con la protección del derecho de las mujeres que requieren el acceso a presentaciones del sistema de salud”, sentenció Pérez.