Este jueves el Tribunal Constitucional (TC) votará oficialmente el artículo 63 de la ley de educación superior, que tendrá que promulgar la nueva administración luego de que fuese ingresado por el gobierno de Michelle Bachelet.
Los ministros revisaron la norma en la sesión de este martes. En ella, uno de los integrantes pidió postergar la definición para el día siguiente, a pesar de que estaba programado que se votara ese mismo día.
Cabe destacar que las posturas preliminares de los ministros permiten adelantar que el artículo será declarado propio de Ley Orgánica Constitucional (LOC). De hecho, los votos estaban 5-4 en favor de esa calificación.
De haber un empate, el voto concluyente del presidente Iván Aróstica terminaría por ratificar el cambio de categoría, incluso si el ministro en duda cambia de postura. Eso sí, se pronostica que este último se sumará a la mayoría.
De confirmarse lo anterior, este punto de la norma requeriría —para su aprobación en el Congreso— más votos de los que obtuvo.
En la Sala de la Cámara, el 17 de julio de 2017, la materia señalada se revisó como una norma simple (no requería quórum especial) y se aprobó por 66 votos a favor, 44 en contra y una abstención.
Cabe aclarar que, al ser considerado LOC, se revisará si cumple con votos de 4/7 de los diputados en ejercicio. Es decir que, al faltar un voto para completar los 67 necesarios, declara inconstitucional “por forma”.
El artículo en cuestión respondía tanto a las demandas del sector estudiantil como a las del parlamentario. Ambos entendían que, al eliminar dicha facultad —hoy vigente en la legislación—, se despejaría cualquier intención de desarrollar intereses comerciales asociados a la administración de las universidades.
Como estaba considera, la futura norma habría imposibilitado que, conglomerados como el grupo Laureate, pudieran continuar con la integración legal de los directorios de universidades.
Resulta necesario mencionar que el ejemplo anterior (Laureate) corresponde al controlador de las universidades de Las Américas y Andrés Bello, entre otras instituciones.
Se trata de una situación advertida por la derecha durante la tramitación del proyecto de ley y especialmente por la senadora Ena von Baer, quien pidió —sin éxito— que el artículo 63, que prohíbe el llamado lucro “aguas arriba”, fuera votado con el tratamiento de norma orgánica Constitucional.
“Es vergonzoso como el Tribunal Constitucional, que a estas alturas no quedan casi dudas de que es una tercera Cámara, está ocupando de manera política e ideológica las atribuciones que supuestamente tiene y eso me parece escandaloso”, criticó el diputado Giorgio Jackson.
En su cuestionamiento al rol del TC, Jackson agregó que “se hace más necesario que nunca una revisión fundamental a esta área de poder que no tiene ningún tipo de control y que opera políticamente, y en ningún caso conforme a derecho”.