La tarde de este lunes, los abogados de Sebastián Dávalos y Natilia Compagnon, Antonio Garafulic y Carlos Fierro, declararon que “nos parece grave que la fiscalía se niegue a recibir la información y paralelamente solicite al OS9 diligencias en esta misma línea de investigación”.
Fue la respuesta de los defensores ante las acusaciones de la Fiscalía de O”Higgins, en torno a que habrían solicitado garantías para entregar un disco duro perteneciente a Mauricio Valero, el otro socio de la empresa Caval.
El jueves pasado, de acuerdo a un comunicado que entregó la fiscalía, Garafulic y Fierro se habrían reunido con el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, para ofrecer la información de Valero. No obstante, se rechazó en esa instancia el ofrecimiento.
Según el Ministerio Público, los abogados habrían condicionado “la entrega de dicho soporte informático a que la Fiscalía de O’Higgins cesara y pusiera término a las investigaciones y causas pendientes de los imputados Natalia Compagnon y Sebastián Dávalos (Caval principal y estafa Gonzalo Vial)”.
Encima, la defensa pidió que se les garantizara que Dávalos y Compagnon “no serían perseguidos penalmente por la información que pudiere contenerse en el citado soporte informático, y que eventualmente pudiera afectarles”, aclaró la fiscalía.
Garafulic y Fierro, por su parte, aseguraron que lo establecido es “absolutamente falso”. Sostuvieron, en cambio, que “toda vez que lo que se discutió fue la forma en que se entregarían dichos antecedentes”, según aparece dentro de su comunicado revisado por La Tercera.
Ambos agregaron que el fiscal Moya les advirtió que debía consultar los pasos su jefe, el fiscal Emiliano Arias. En esa línea, aseveraron que habrían recibido la respuesta el pasado domingo, 4 de marzo, “señalándose que no les interesaba contar con dicha información”.
De igual forma, los representantes legales de Dávalos y Compagnon, afirmaron que “nunca hubo un condicionante a la entrega de esto“. Como prueba de ello, indicaron que este lunes se ofreció el soporte informático “de manera pública y voluntaria en la audiencia llevada a efecto en el tribunal”.
“Los fiscales parecen olvidar una vez más que tiene la obligación por ley de investigar con igual celo aquello que culpa, como lo que exculpa a los imputados, quedando de manifiesto la falta de objetividad del ente persecutor”, expresaron Garafulic y Fierro.
Asimismo, precisaron que suceso atenta “contra las garantías y derechos de los imputados y permitiendo dudar de esta manera sobre la existencia real de un debido proceso”.
Los abogados cuestionaron el actuar de la fiscalía y las “innumerables filtraciones” que ha la investigación, donde incluyeron las boletas de honorarios —de sus defendidos— que estarían protegidas por el código tributario.
Sumado a lo anterior, mencionaron Garafulic y Fierro, “a nuestros defendidos se les ha sugerido “no molestar a la fiscalía”, ni pedir sobreseimiento pues sería muy grave que se hiciese pública información privada que se encontraba en cadena de custodia”.
“La fiscalía parece olvidar su anterior propuesta de mediados del 2017, en la cual se solicitaba información que pudiese constituir actos ilícitos de personeros de gobierno a cambio de una suspensión condicional para la señora Compagnon”, recalcaron.
Además, en uno de los pasajes del comunicado citado en La Tercera, subrayaron que “más grave que la misma denuncia de extorsión, es el que la fiscalía intente ignorar cuál ha sido su actuar y atribuya a otros conductas que rozan en ilícitos”.
El documento, donde ambos se descargaron, anticipa las acciones legales que la defensa de Dávalos y Compagnon pretenden interponer para que sea el fiscal nacional, o en su defecto a quien él asigne, quien deba llevar a cabo una investigación acuciosa respecto del actuar de la fiscalía regional de O´Higgins”.