Pedro Silva
Director de Vinculación con el Medio, Universidad del Desarrollo

La Región del Biobío atraviesa una coyuntura crítica en materia de desempleo, un problema estructural a nivel país que en nuestra región alcanza el 10,6%. Esto son más de 83.000 personas desocupadas, 11.000 más que el año anterior. Las familias enfrentan la incertidumbre de un mercado laboral debilitado, mientras proyectos de inversión permanecen entrampados en trámites y discusiones que parecen no reconocer la urgencia del momento. Esta realidad nos interpela directamente: no podemos seguir reaccionando con lentitud ni con respuestas fragmentadas. Es hora de que gremios, autoridades y actores regionales asuman un rol más proactivo y unido para superar esta crisis.

La situación golpea con mayor fuerza a las mujeres, 11,1%, frente al 10,2% en hombres. A ello se suma que 217 mil trabajadores se desempeñan en condiciones de informalidad, sin contratos ni protección previsional ni de salud, lo que representa un 27,6% del total de ocupados en la región.

El impacto es devastador en más de 83 mil familias que han visto desaparecer su principal sustento, elevando los riesgos de morosidad y desprotección financiera. En términos más amplios, más de 250.000 personas se ven afectadas directamente en su bienestar, alimentación y calidad de vida. Esta no es solo una cifra estadística; es un drama humano que exige respuestas inmediatas y coordinadas.

El Biobío tiene una tradición industrial, logística y académica que lo posiciona como un motor estratégico del país. Sin embargo, esa potencialidad se ve frenada por la falta de coordinación y por trabas que retrasan la materialización de inversiones. Destrabar proyectos que ya cuentan con respaldo técnico y social no es solo una cuestión de eficiencia administrativa; es un acto de responsabilidad hacia quienes esperan oportunidades laborales concretas. Cada día de demora significa más familias sin ingresos y más talento desaprovechado.

La respuesta no puede limitarse a gestos aislados. Se requiere una agenda común, donde gremios empresariales, sindicatos, universidades y autoridades regionales trabajen de manera articulada. La crisis de empleo no admite parches ni improvisaciones: requiere liderazgo político, audacia empresarial y compromiso ciudadano.

Asimismo, es urgente avanzar en mejoras legislativas que faciliten la inversión responsable y sostenible. Normas más claras, procesos más ágiles y marcos regulatorios que promuevan la competitividad son indispensables para que el Biobío recupere dinamismo. No se trata de flexibilizar estándares sociales o ambientales, sino de construir reglas que den certeza y confianza a quienes apuestan por nuestra región.

El llamado es claro: el Biobío no puede esperar. La crisis de empleo exige unidad, audacia y compromiso. Si gremios y autoridades logran dejar de lado diferencias coyunturales y se enfocan en un propósito común, estaremos dando un paso decisivo hacia un futuro más inclusivo, competitivo y resiliente. El momento de actuar es ahora.