Damaris Melo Uribe
Administradora Pública
Mujer rural de Santa Bárbara

La semana pasada, la comuna de Santa Bárbara vivió un hecho de violencia extrema; una mujer en un sector rural estuvo secuestrada durante más de 15 días por su expareja, período en el que habría sido víctima de torturas físicas y sexuales.

Podríamos pensar que estamos frente a un caso aislado, que ocurre lejos de nuestra realidad. Sin embargo, los datos muestran algo muy distinto, en las zonas rurales, las mujeres enfrentan una prevalencia de violencia del 22,5%, según los datos de la Encuesta de Violencia Intrafamiliar y Violencia contra la Mujer (2024). A esto, se suman brechas sociales, económicas y culturales que pueden aumentar la vulnerabilidad de miles de mujeres que viven alejadas.

La situación de Santa Bárbara resulta especialmente preocupante si consideramos que la comuna registró un índice de denuncias por violencia intrafamiliar de 626,4 por cada 100.000 habitantes durante 2025. Más que una cifra, este número representa historias de mujeres que han debido enfrentar situaciones de violencia dentro de sus propios hogares y que, en muchos casos, deben hacerlo en contextos donde acceder a ayuda y protección puede ser más difícil.

La ruralidad no debería significar estar más lejos de la protección, pero, para muchas mujeres, pedir ayuda puede convertirse en un proceso mucho más complejo. La distancia geográfica, problemas de conectividad, dependencia económica, falta de redes de apoyo y las dificultades para acceder oportunamente a servicios públicos pueden terminar profundizando una situación de vulnerabilidad que ya existe.

Esta comuna cuenta con un “Centro de la Mujer”, espacio destinado a entregar orientación, apoyo y acompañamiento a quienes viven situaciones de violencia, pero cuenta con recursos limitados que dificultan un despliegue territorial óptimo para responder a una realidad que no se concentra únicamente en la urbanidad.

A esto se suma los recortes presupuestarios y ajustes que han afectado programas destinados a mujeres durante el actual Gobierno, entre ellos, específicamente el programa “Mujeres Rurales”. Esta situación resulta especialmente preocupante en territorios donde las brechas ya son evidentes, y que cuando los recursos disminuyen, también disminuye la capacidad de llegar a aquellas mujeres que más necesitan acompañamiento.

Y aquí aparece la contradicción; mientras se insiste en la importancia de que las mujeres denuncien, debemos preguntarnos qué ocurre después de esa denuncia; ¿Quién acompaña a una mujer que vive en un sector rural? ¿Qué alternativas tiene? ¿Qué sucede cuando el servicio que puede ayudarla cuenta con recursos limitados y un despliegue territorial insuficiente?

La denuncia es solo el primer paso, después debe existir una estructura capaz de acompañar, proteger y entregar alternativas reales. Por eso, el caso ocurrido en Santa Bárbara no debería ser considerado únicamente como un caso aislado, debe llevarnos a cuestionar las condiciones en las que viven muchas mujeres rurales y la capacidad que tiene el Estado para responder antes de que la violencia explote.

La violencia contra las mujeres en el campo chileno existe, aunque muchas veces no ocupe titulares. La distancia no puede convertirse en una barrera, y vivir en una zona rural no debería significar tener menos posibilidades de pedir ayuda. La pregunta, entonces, no es solamente cuántas mujeres denuncian, la pregunta es cuántas están pudiendo acceder realmente a la protección que necesitan antes de que sea demasiado tarde.