La seguridad pública no se limita a las calles ni a los espacios públicos; comienza y se consolida también tras los muros de los establecimientos penitenciarios. Durante años, la ciudadanía ha presenciado con preocupación cómo las redes delictivas intentaban mantener sus operaciones en el exterior mediante el ingreso clandestino de elementos prohibidos. El conocido “pelotazo” —ese lanzamiento de bultos desde la vía pública hacia los patios de los penales— representaba una vulnerabilidad flagrante que el Estado debía corregir con firmeza.

El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto que fortalece la seguridad perimetral de los recintos penitenciarios y sanciona de manera drástica esta práctica. Esta aprobación marca un hito en la persecución penal del país. Hasta hoy, la falta de hallazgo del objeto o la imposibilidad de determinar su contenido exacto dejaban un margen de impunidad que entorpecía la labor de la justicia y arriesgaba la labor diaria de los funcionarios de Gendarmería de Chile.

Con la nueva legislación, la conducta de lanzar o intentar ingresar elementos por vías no autorizadas será perseguida y sancionada penalmente, independientemente de si el paquete es recuperado o si se logra periciar su interior. Se cierra así una brecha legal crítica para cortar de raíz el tráfico de drogas, armas, dinero y teléfonos celulares hacia la población penal.

Este avance legislativo responde directamente al compromiso asumido por el Presidente José Antonio Kast en materia de seguridad e institucionalidad. Desde el Ejecutivo se impulsó este proyecto como una prioridad estratégica, entendiendo que el control efectivo de las cárceles es indispensable para desarticular el crimen organizado. Para el Gobierno, la concreción de esta norma consolida una línea de trabajo que prioriza la certeza jurídica, la protección de la población y el respaldo a la labor fiscalizadora.

Fortalecer el perímetro de nuestros penales es, en definitiva, proteger a los vecinos de la Región del Biobío y de todo Chile. Cada vía de ingreso ilícito que se clausura es un espacio menos para el delito y un paso más hacia un sistema penitenciario seguro, ordenado y verdaderamente enfocado en la reinserción social.

Robert Contreras Reyes
Seremi de Justicia y Derechos Humanos del Biobío