Tras 80 años de labor incesante, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) representa un pilar clave del orden internacional construido tras la Segunda Guerra Mundial, contribuyendo de manera significativa a la promoción de la paz, la seguridad y la cooperación internacional. Sin embargo, en las últimas décadas se han producido transformaciones en el orden mundial que evidencian un creciente distanciamiento respecto del esquema concebido en la posguerra, así como la emergencia de nuevos actores relevantes y la aparición de desafíos de alcance global.
En este sentido, la iniciativa “ONU 80”, propuesta en 2025 por el Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, abre formalmente el debate sobre reformas y cuestionamientos a los procedimientos de la ONU, e introduce nuevos mecanismos orientados a fortalecer la labor y efectividad del organismo. En este marco, la revisión del poder de veto de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad se presenta como un elemento central del debate, frecuentemente señalado como un factor que dificulta el funcionamiento ágil de las Naciones Unidas.
Asimismo, la emergencia de nuevos actores y bloques como los BRICS introduce dinámicas renovadas en la arena internacional, poniendo nuevamente en cuestión la eficacia y representatividad de las instituciones creadas en la posguerra.
Ante este escenario, la reforma propuesta por Guterres mantiene un enfoque estructural orientado a mejorar la eficiencia, la ejecución y a analizar reajustes programáticos. No obstante, las limitaciones derivadas del uso del poder de veto continúan condicionando la capacidad de respuesta del organismo. Además, la iniciativa fue presentada a un año de finalizar su mandato, por lo que, salvo que su sucesor decida profundizar este proceso, la propuesta podría quedar en pausa o verse debilitada a partir de 2026.
Una reforma eficaz de la ONU debería contemplar especialmente el rol del Consejo de Seguridad, tanto en términos de eficacia como de representatividad. Mientras las potencias continúan priorizando intereses nacionales en el uso del veto, y no se avance en la incorporación de actores emergentes, la legitimidad del sistema multilateral puede verse erosionada, favoreciendo tensiones geopolíticas y episodios de inacción frente a conflictos y crisis humanitarias.
Guadalupe Irigoin Segovia
Universidad ORT, Uruguay
CEE UdeC