Daniel Sacasas
Profesor asistente Departamento de Ingeniería Mecánica UdeC

Todos hemos tenido una idea. Esa chispa que aparece en la ducha, en medio de una clase o mientras se espera en la fila. “¿Y si esto funcionara así?” La mayoría de las veces la dejamos ir. Otras veces la desarrollamos, la compartimos con amigos o la publicamos en redes. Y ahí, sin saberlo, muchos cometen el error más costoso de su vida profesional: regalan su invención.

El sistema de patentes existe desde hace más de cinco siglos. La primera ley moderna data de Venecia, 1474. Su lógica no ha cambiado: el inventor revela cómo funciona su invención a cambio de un monopolio temporal de 20 años. El Estado gana conocimiento disponible para todos al vencer ese plazo; el inventor gana tiempo para recuperar su inversión. Es un pacto justo. El problema es que en Chile muy pocos lo conocen, y menos aún lo usan.

Según datos del INAPI —el Instituto Nacional de Propiedad Industrial— en promedio se registran entre 2800 a 3200 solicitudes anuales desde 2017 a 2024 y la mayor parte de las solicitudes de patente en Chile provienen del extranjero, liderando la lista Estados Unidos, Chile, Alemania, Suiza, China, y Reino Unido. Y dentro de las áreas más presentes destacan la química, mecánica, electricidad y electrónica; donde los productos farmacéuticos y la biotecnología lideran los rankings. Las empresas nacionales, las universidades y, sobre todo, los inventores independientes aparecen de forma marginal en las estadísticas. Esto no es casualidad ni tampoco falta de creatividad. Es un problema de información y cultura.

En la industria minera o energética, el escenario se repite: alguien desarrolló una solución ingeniosa —un sistema de monitoreo, un proceso más eficiente, un dispositivo para condiciones extremas— y lo primero que hizo fue presentarlo en una conferencia o publicarlo en su memoria de título. Con eso, la invención quedó en dominio público. Nadie puede patentarla ya. Ni el inventor, ni su empresa, ni nadie. La razón es simple: una patente debe cumplir requisitos de novedad y no obviedad a nivel mundial.

La regla es cruel en su simplicidad: divulgación previa mata patente. Un abstract en un congreso, una publicación en redes, basta para cerrar la puerta si no es declarada en el periodo de un año de divulgación inocua, antes de presentar la solicitud. No importa que usted sea el inventor. Si ya es público, ya no es suyo.

Para los estudiantes universitarios esto es especialmente relevante. Las tesis de pregrado y postgrado son semilleros de invenciones potenciales. He visto trabajos de titulación que resolvían problemas reales con soluciones originales —perfectamente capaces de dar origen a una startup o a una licencia tecnológica— durmiendo en repositorios institucionales, olvidados por todos, a veces incluso por su propio autor.

¿Cuánto cuesta una patente en Chile? Menos de lo que se cree. Existen mecanismos de reducción de tarifas para personas naturales e inventores independientes, y la protección comienza desde la fecha de solicitud: desde el día en que ingresa el formulario, usted ya tiene un derecho que puede reivindicar. El proceso toma en promedio tres años y medio, pero el reloj corre a su favor desde el primer día.

El verdadero costo no es económico. Es cultural. Patentar implica asumir que lo que uno creó tiene valor. Y eso, en un país donde la innovación todavía se asocia más al extranjero que al vecino del laboratorio de al lado, no es trivial.

La próxima vez que tenga una idea que realmente funcione, antes de contársela a alguien, hágase una sola pregunta: ¿ya consulté si esto se puede patentar? No cuesta nada preguntarle a INAPI, a la oficina de transferencia de su universidad, o a un especialista. Lo que sí puede costar mucho es no haberlo hecho.