Camila Bañales Seguel
Ing. Agrónoma. Dra. Ciencias Ambientales
Colaboradora de Colectiva Justicia en DD.HH.

No es un favor: conservar es un servicio que sostiene la vida y la economía. Chile acaba de aprobar el reglamento que permitirá firmar contratos de retribución por servicios ecosistémicos. Aunque suene muy técnico, la idea es sencilla: reconocer que los ecosistemas nos entregan agua limpia, controlan inundaciones, capturan carbono o sostienen la pesca, y que quienes cuidan esos territorios deben recibir una compensación real por mantener esas funciones.

Hasta ahora, esos beneficios se daban por sentados y, cuando se perdían, el costo lo pagaban las comunidades, los sistemas de agua potable rural o incluso el Estado. Con este reglamento, se abre la posibilidad de que pequeñas agricultoras, comunidades locales o propietarios que conserven o restauren bosques, humedales o praderas, puedan celebrar acuerdos con quienes se benefician de esos servicios: usuarios de agua, empresas sanitarias, municipios o instituciones públicas.

El reglamento establece requisitos mínimos, criterios de transparencia y un registro oficial administrado por el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). La retribución no será solo monetaria: también podrá incluir asistencia técnica, equipamiento o insumos que hagan viable la conservación más allá del discurso.

Sin embargo, el éxito de este instrumento dependerá de su implementación. Para que no quede como un buen titular, será clave asegurar acceso equitativo a la información, acompañamiento técnico para quienes no tienen capacidades legales, y mecanismos claros de fiscalización que eviten contratos simbólicos o concentrados en pocos actores.

El verdadero desafío será evitar que este instrumento termine validando modelos extractivos con una “capa verde” de compensación. Compensar sin transformar la lógica, no modifica el modo en que se ocupa el territorio, ni los daños ambientales o presiones sobre los ecosistemas.

Aun con esas tensiones, este reglamento marca un giro relevante y positivo: pasar de ver la naturaleza como un recurso gratuito a reconocerla como una infraestructura viva que sostiene la vida y la economía. Retribuir a quienes la cuidan no es un premio, ni un favor, es un acto mínimo de justicia ecológica y social.