Rafael Escobar
CEO de Kastor
El reciente caso de un conserje brutalmente agredido en un edificio de Vitacura encendió todas las alarmas. Lejos de ser un hecho aislado, este episodio es una muestra dolorosa de cómo la violencia se está infiltrando en los espacios que, en teoría, deberían ser nuestros refugios: las comunidades. Más allá de las circunstancias particulares del incidente, lo preocupante es la tendencia de fondo. La convivencia vecinal está siendo desbordada por la intolerancia y la agresividad.
Las comunidades no son burbujas ajenas a la realidad nacional. Son, más bien, un espejo de lo que ocurre en la sociedad. Si en el espacio público se respira frustración, polarización y falta de diálogo, es inevitable que esas dinámicas se filtren en los pasillos, las reuniones de comité y las porterías. El caso de Vitacura lo demuestra con crudeza: un conserje, figura clave para el funcionamiento cotidiano de un edificio, termina siendo víctima de una agresión que no solo lo afecta a él, sino que sacude la seguridad y confianza del resto de los residentes.
Y lo más alarmante es que nuestras comunidades no están preparadas para enfrentar estos escenarios. La Ley de Copropiedad no entrega herramientas claras ni procedimientos definidos para actuar ante agresiones, amenazas o alteraciones graves a la convivencia. ¿Qué puede hacer un administrador si un residente es violento? ¿Qué respaldo legal tiene el comité de administración? ¿Con qué garantías cuenta el personal de seguridad o conserjería en caso de enfrentar situaciones similares? Hoy, las respuestas son débiles, y esa debilidad se traduce en miedo, resignación y vulnerabilidad.
Este episodio, doloroso y simbólico, debe impulsarnos a revisar con urgencia los mecanismos de protección y resolución de conflictos al interior de las comunidades. Si bien el Reglamento de Copropiedad Inmobiliaria permite sancionar conductas inadecuadas —incluyendo agresiones físicas o verbales—, en la práctica, pocos reglamentos contemplan sanciones claras o protocolos efectivos de actuación. Peor aún, muchos ni siquiera están actualizados o difundidos entre los residentes.
La prevención y la organización son claves. Las comunidades deben contar con reglamentos robustos, actualizados y conocidos por todos. Deben promover espacios de diálogo, fortalecer los canales de denuncia y, sobre todo, proteger a quienes trabajan por el bienestar colectivo, como los conserjes, quienes muchas veces son los primeros en enfrentar situaciones de riesgo.