Pese a la declarada voluntad de Chile de avanzar en la desfosilización de su matriz energética, manifestada en estrategias nacionales y compromisos, aún faltan acciones concretas para hacerla realidad.
Un ejemplo de esto es la figura del “gas inflexible”, consagrada en una norma técnica que permite dar prioridad en el despacho eléctrico al gas natural licuado (GNL), incluso por sobre fuentes de energía renovable, más limpias y sostenibles. Se trata de la Resolución Exenta N°411/2020, que regula la operación de las centrales a gas.
En un intento por corregir esta distorsión, Greenpeace, AIDA, Chile Sustentable y Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia solicitaron la invalidación de dicha norma ante la Comisión Nacional de Energía (CNE). Ante el rechazo de la CNE, se presentaron recursos ante el Tribunal Ambiental, la Corte de Apelaciones y, finalmente, la Corte Suprema, que recientemente falló en última instancia, cerrando la conversación, al menos por ahora.
Lo alarmante del caso es que ninguna de las instancias revisó el fondo del asunto, por considerar que el Tribunal Ambiental era incompetente para pronunciarse. Pese a que esta norma influye en las emisiones del país y tiene consecuencias sobre la salud y calidad de vida de comunidades ya expuestas a contaminación, no se consideró su relación con el medio ambiente. Ni siquiera a través de su vinculación con instrumentos del sistema ambiental, como las resoluciones de calificación ambiental (RCAs) de las centrales a gas, las normas de emisión para termoeléctricas o los planes de descontaminación atmosférica.
Con esta sentencia se perdió una oportunidad única para que la institucionalidad ambiental chilena reconociera el vínculo innegable entre las políticas energéticas y sus impactos sobre el ambiente, la salud y la justicia climática.
Este caso muestra la urgencia de abrir la conversación sobre la coherencia que debe existir entre energía y ambiente, y el rol que debe asumir la justicia ambiental. Hemos abierto la interrogante y, como sociedad civil, seguiremos trabajando en todos los espacios posibles, ya que entendemos que alcanzar esa coherencia es imprescindible para enfrentar la crisis climática.
Roxana Núñez y Florencia Ortúzar
Encargada de incidencia Greenpeace Andino y Directora del Programa Clima AIDA