Amaya Alvez Marín
Doctora en Derecho, Corporación Colectiva – Justicia en Derechos Humanos.

En la academia se usan metáforas para explicar las ideas. Una metáfora usaba para graficar la Constitución es un puente que une la orilla de lo político con lo jurídico. En ambos casos para construir el paso de un lado a otro, en que seguramente el río es el fluir de la sociedad política, ella debe dejar el uso de la fuerza por aceptar acuerdos normativos que la restrinjan. Por ello el catálogo de derechos fundamentales se presenta como límites al ejercicio del poder. A su vez el derecho debe ceder coerción para buscar consensos constitucionales.

Todo esto parece operar solamente en teoría en nuestro país. Nuestras Constituciones, la de 1925 y la de 1980, han sido redactadas por órganos con baja representación política, sin debate democrático de ideas y representando bajos consensos. La diferencia es que la Constitución de 1925 logró acuerdos políticos de implementación y abrió camino al fluir de la sociedad política. La Constitución de 1980, en cambio, instauró un constitucionalismo autoritario, exacerbando las atribuciones de algunos órganos y estableciendo reglas que han hecho difícil el cambio constitucional.

Los tres procesos constituyentes que hemos tenido en la última década son un claro ejemplo de la falta de conexión entre la demanda ciudadana de cambio, de apertura al fluir de la sociedad política, de la necesidad de inclusión y representación de grupos históricamente excluidos. Junto a instaurar legítimas dudas de la pertinencia de mecanismos plebiscitarios binarios para hacer preguntas complejas que determinarán el futuro de la sociedad chilena, en medio de una campaña publicitaria que frivoliza y tergiversa el debate substantivo.