Sindy Salazar Pincheira
Abogada, Corporación Colectiva – Justicia en DHH

La igualdad ante la ley, un derecho constitucional consolidado en el artículo 19, N°2, señala que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados” y que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”. Este principio es fundamental en la protección de los derechos humanos, con categoría de ius cogens, es decir una norma imperativa del derecho internacional. Así también lo contempla el artículo 1.1 y el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Según un informe de Gendarmería de Chile, el 33.2% de la población carcelaria tiene una educación básica incompleta, el 16.8% no ha completado la educación media y el 4.5% no tiene instrucción alguna. El Compendio Estadístico de Gendarmería 2021 revela que el 46.5% de la población penal está encarcelada por delitos de robo, mientras que sólo un 0.6% lo está por delitos económicos.

Estos datos develan que las personas encarceladas en su mayoría no han tenido acceso al sistema educativo, pero además muestran una desigualdad en la persecución de delitos de acuerdo a su naturaleza. Vale la pena recordar la afirmación de la capellana Nelly León: “en Chile se encarcela la pobreza”.

En nuestra historia hemos visto la desigualdad carcelaria en muchos casos. Recordamos a Bastián Arriagada, quien con 22 años terminó preso por vender discos pirateados y murió en el incendio de la cárcel de San Miguel en 2010 junto a otros 80 reclusos. La reciente situación de Eduardo Macaya, padre de un Senador de la República, quien tras el pago de una caución de 150 millones de pesos logró evitar la prisión preventiva, apunta al mismo fenómeno. Es poco probable que un imputado común tenga acceso a dicha caución por más leg nal que esta sea, especialmente en casos de delitos sexuales reiterados como éste.

Esta desigualdad se hizo más patente cuando supimos por la prensa que la familia del imputado no tuvo que “enrolarse” ni pasar por el proceso que deben enfrentar las visitas de los imputados encarcelados. Símbolo de esta injusticia es también la cárcel de Punta Peuco, creada en 1995 para que cumplieran su condena los implicados en el caso Letelier y lugar de reclusión de criminales con los medios para evitar la cárcel común.

Para hablar de justicia es esencial que la igualdad ante la ley no sea sólo principio, sino acción. Ella es fundamental para avanzar en instituciones sólidas y creíbles, donde la justicia sea el pilar fundamental y el acceso igualitario a ésta un deber y una responsabilidad.