De cara a este debate, no podemos olvidar la indisoluble relación entre desarrollo y protección al medio ambiente.
En la última quincena, hemos asistido a una de las peores catástrofes de nuestra historia reciente.
Los incendios forestales en el Biobío han dejado 16 víctimas fatales, 189.469 hectáreas quemadas, alrededor de 5.000 damnificados, incalculables afectaciones a la salud tanto física como mental y un profundo impacto al medio ambiente.
A medida que el Estado, el sector privado y las comunidades despliegan sus capacidades para combatir los incendios y acudir en socorro de la población, se abre el debate público en torno a la regulación de la actividad forestal en Chile.
Los recientes incendios forestales han tenido la particularidad de propagarse por vastos territorios de la región, afectando a las personas de una manera poco antes vista. Somos muchos los habitantes de la región quienes hemos sentido de cerca esta tragedia, sea en el ámbito familiar o en nuestro entorno, por lo cual aflora el sentido de comunidad que nos obliga, primero, a actuar y, luego, a enmendar el rumbo con el fin de prevenir la repetición de una catástrofe como la que vivimos.
Junto a ello, las condiciones climáticas se vuelven cada vez más desafiantes y riesgosas.
Eventos de altas temperaturas sumados a la mega sequía que aqueja al país, entre otros numerosos factores, obligan al Estado a adecuar la regulación de la industria forestal, en aras de variados principios consagrados constitucionalmente, como el de servicialidad, la promoción del bien común y la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.
Vale preguntarse entonces si el modo de funcionamiento de la industria forestal, una de las más relevantes del país en términos económicos, es compatible con aquellos principios, tanto en sus aspectos técnicos como en su relación con la institucionalidad ambiental y el ordenamiento territorial.
De cara a este debate, no podemos olvidar la indisoluble relación entre desarrollo y protección al medio ambiente, que nuestra legislación define en el concepto de desarrollo sustentable de la Ley N° 19.300, es decir, aquel “proceso de mejoramiento sostenido y equitativo de la calidad de vida de las personas, fundado en medidas apropiadas de conservación y protección del medio ambiente, considerando el cambio climático de manera de no comprometer las expectativas de las generaciones futuras.”
JOSÉ RAMÍREZ GAETE
Abogado Colectiva Justicia en Derechos Humanos