Este 2023 se cumplen 30 años de la implementación de las concesiones que ha permitido llevar adelante grandes obras como autopistas, embalses y centros de salud, entre otros.
José Oliveros
Académico de la U. de Concepción.
Coordinador subcomité alianzas público-privadas del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI).
Hace pocos días, los gobernadores de distintas regiones se reunieron en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) para abordar una discusión clave: las alianzas público-privadas para desarrollar inversiones en todo el país. Un objetivo fue analizar la factibilidad de descentralizar el uso del modelo de concesiones en regiones distintas a la Metropolitana y lograr que, a nivel local, se pueda decidir dónde invertir y cómo implementar una gobernanza adecuada de estas obras.
Primero, es necesario recordar que las concesiones no son un fin en sí mismo. Tampoco son buenas o malas: son un instrumento de financiamiento de política pública y se deben evaluar como mejores o peores que su par estatal tradicional. Un aspecto a veces confuso es el modo de pago: es necesario que el Estado decida fundadamente quién va a pagar el proyecto: si serán los usuarios a través de un peaje (como en las autopistas concesionadas) o bien todos los chilenos con impuestos generales (como sucede con los hospitales concesionados). Esta decisión debería buscar el mayor beneficio social, independientemente de que el proyecto sea concesionado o estatal. Actualmente, no hay claridad sobre esta definición desde el punto de vista social.
Otro punto importante se refiere a que el Gobierno -a nivel central y en cada una de las regiones-, deben decidir, primero, qué infraestructura es socialmente razonable de construir y luego zanjar si es mejor concesionarla o bien, ejecutarla de manera tradicional. Hacer el ejercicio al revés preguntando primero qué se podría concesionar y luego preguntarse si conviene hacerlo socialmente, es una mala práctica que deslegitimiza el modelo de concesiones, impactando al concesionario, al Estado y a la experiencia de los usuarios.
Desde el CPI pensamos que es necesario que los gobiernos regionales sean actores relevantes dentro del proceso de conceptualización de proyectos concesionados. Estos deben participar en la fase de análisis, de las propuestas y de la implementación de iniciativas de gran envergadura como puentes, hospitales y carreteras. Un modelo de trabajo con etapas claras que indiquen, por ejemplo, si el Gobierno Regional patrocina el proyecto; si fue consultado o no o bien, qué diferencias se subsanaron en el proceso. El objetivo es lograr “justicia procedimental”. Esto quiere decir que alguien puede estar en desacuerdo con un puente concesionado, pero acepta el proyecto porque cree que el proceso de consulta, de generación de propuestas, de validación con la comunidad y autoridades locales se hizo correctamente.
Este 2023 se cumplen 30 años de la implementación de las concesiones que ha permitido llevar adelante grandes obras como autopistas, embalses y centros de salud, entre otros. El conocimiento actual sobre este modelo, presente en las universidades y centros de estudios, está disponible para brindar apoyo en cada una de las regiones del país. El objetivo: desarrollar aún mejores inversiones que impacten positivamente la calidad de vida de todos.