Tammy Pustilnick
Convencional Constituyente Distrito 20

La violencia de género, entendida como aquellos actos dañinos dirigidos contra una persona o grupo de personas en base a su género, es una constante en nuestro país. Esta violencia se encuentra naturalizada, institucionalizada, tolerada y es momento de decir basta.

El Proceso Constituyente nos trajo la esperanza de que podamos garantizar constitucionalmente históricas demandas para el goce efectivo de nuestros derechos y que debemos concretar en normas claras y efectivas.

Así, constituyentes feministas con acuerdo transversal, presentamos el 25 de noviembre nuestra primera iniciativa de norma que reconoce el derecho a una vida libre de violencia de género de las mujeres, las niñas y las disidencias sexogenéricas, tanto en el ámbito público como privado. Se expresa además el deber del Estado de actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin importar de donde provenga.

Es importante resaltar la mención a la “debida diligencia”, pues esta norma se construye con un piso mínimo de alto estándar en materia del derecho internacional de los Derechos Humanos, como es la CADH y la Convención de Belém do Pará. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que, en un contexto de violencia, subordinación y discriminación histórica contra las mujeres, los compromisos internacionales imponen al Estado una responsabilidad reforzada y es exactamente ese estándar mínimo y supra exigente el que queremos sostener en la Nueva Constitución.

A 5 meses desde la instalación de la Convención Constitucional aplaudo y me emociona cómo aquellas demandas que levantamos hace años y que fueron nuestras banderas de lucha en campaña, se comienzan a materializar normativamente para ser debatidas y votadas democráticamente en nuestro país.

El compromiso es escribir una Constitución con perspectiva de género, donde avancemos correctamente a una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, garantizando, además del derecho a una vida libre de violencia, la igualdad salarial, los derechos sexuales y reproductivos, una democracia paritaria y el reconocimiento del valor social y económico del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados.

Así entonces, Chile hará historia no sólo por ser el primer país del mundo en escribir una Constitución en paridad, sino que demostraremos lo que ello implica, consagrando correctamente nuestros derechos y elevando los estándares mínimos en el goce efectivo de los mismos y el deber de protección por parte del Estado.