Los habitantes del territorio militarizado sufren las consecuencias de un total fracaso político, la fractura se profundiza, y la posibilidad de diálogo y soluciones parece alejarse.
Florencia Alvez Marín
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
El miércoles 24 de noviembre se aprobó una nueva extensión al estado de excepción constitucional, que permitirá mantener la presencia militar en Cautín, Malleco, Biobío y Arauco. Dicho territorio, parte del Wallmapu y mal llamada “macrozona sur”, vive en ese estado desde el 12 de octubre. En la recientemente aprobada extensión, Senadores anunciaron que presentarán una indicación en la ley de prespuesto de 2022, para crear una “comisión de reencuentro”. Reencuentro que, mientras se discute en Valparaíso, cada vez parece más improbable. Los habitantes del territorio militarizado sufren las consecuencias de un total fracaso político, la fractura se profundiza, y la posibilidad de diálogo y soluciones parece alejarse.
Los niños, niñas y adolescentes son, una vez más, invisibles para el sistema. Obligados a crecer entre disparos y allanamientos, pasan su infancia jugando entre tanquetas. Numerosos estudios se han referido al daño irreversible que sufren al crecer en este contexto, en el que basta pertenecer al Pueblo Mapuche y vivir en un determinado territorio para estar constantemente bajo amenaza.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en 1990, reconoce expresamente los derechos de la infancia indígena a preservar su cultura, al respeto de su identidad, a utilizar su lengua y a practicar su religión. Ella obliga al Estado de Chile a garantizar dichos derechos a todos los niños, niñas y adolescentes del país, sin discriminación alguna. Claramente ello no sucede.
Resulta incomprensible que, por un lado, la Convención Constitucional, órgano cuya existencia se debe al impulso de la ciudadanía, sesione bajo los principios de plurinacionalidad e interculturalidad, propiciando un diálogo horizontal entre culturas por primera vez en Chile, con participación efectiva e incidente de representantes indígenas, y por otro lado el Gobierno y los parlamentarios una y otra vez opten por reprimir y militarizar los territorios en los que el conflicto es más acuciante, y donde buscar puntos de encuentro es imperioso.
Urge construir instancias de diálogo que conduzcan a acuerdos, que protejan la infancia, que garanticen derechos y que nos den la certeza que estamos sembrando un futuro mejor para todas y todos los habitantes de este lugar que hoy llamamos Chile.