Patricia Parra Poblete
Abogada Universidad de Concepción
Magíster en Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El 13 de octubre de 2021 se publicó en el Diario Oficial el Reglamento General de la Convención Constitucional, que fijó los temas que abordarán las distintas comisiones que la conforman, en la elaboración del proyecto de Constitución Política. La comisión sobre Derechos Fundamentales verá, entre otros, el derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral de las víctimas, sus familiares y a la sociedad en su conjunto, respecto de los delitos cometidos por agentes del Estado y que constituyen violaciones a los Derechos Humanos.
Sin embargo, la entrada en vigencia del Reglamento y su trascendente articulado pasó casi inadvertida ante la opinión pública, luego que convencionales oficialistas levantaran una discusión mediática sobre la aprobación, días antes, del Reglamento del Comité de Ética de la Convención, que instituyó el negacionismo como un accionar que puede a ser objeto de sanción respecto de un o una convencional.
Llama la atención que esa discusión se trasladara profusamente a los medios de comunicación, cuando han sido éstos – al igual que algunas autoridades gubernamentales y parlamentarias – los que han observado reiteradamente, durante las últimas tres décadas, una actitud negacionista fundada no sólo posiciones ideológicas contumaces respecto de la violencia institucionalizada y los crímenes ejecutados durante la dictadura cívico militar, sino también por la ausencia, tras el retorno a la democracia, de una política de los derechos humanos que reivindique el derecho a la verdad, como eje central a partir del cual se articula la investigación, juzgamiento y, en su caso, sanción de los responsables, la reparación y memoria de las víctimas, y la garantía de no repetición, que pesa sobre el Estado de Chile.
Transcurridos 30 años desde que el Presidente de la República Patricio Aylwin Azócar se dirigió al país, el 4 de marzo de 1991, para presentar una síntesis del Informe Rettig y pedir perdón a nombre de la nación toda a los familiares de víctimas, cabe preguntarse, ¿cómo se concilia hoy la tramitación de las causas penales por violación a los derechos humanos, cometidas tras el estallido social, con el imperativo estándar dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que exige que la satisfacción del derecho a la verdad debe propender a la determinación procesal de la más completa verdad histórica posible?