Como hemos comentado en otras columnas asistimos a la judicialización de todos los aspectos de nuestra vida en sociedad y ahora en especial de las vacunas. ¿Que podrá resultar finalmente de esta ola de judicialización de la vida pandémica? Estaremos atentos.
Dra. Beatriz Larraín
Integrante del Programa de Estudios Europeos UdeC.
Tuvo lugar esta semana en Bruselas la primera comparecencia de los abogados de AstraZeneca y de la Unión Europea en el juicio que tiene enfrentada a la farmacéutica británica y a los países de la UE.
Recordemos que en marzo del 2020, cuando la pandemia hacía estragos en Europa, la Universidad de Oxford anunciaba una vacuna que prometía ser la salvación. Y aunque se auguraba una espera de varios meses de prueba, la UE comenzó a planear su estrategia. Quería ser la primera en recibir la vacuna que sería producida por el laboratorio británico AstraZeneca.
Prontamente firmó contratos con la farmacéutica para asegurar la entrega de las dosis requeridas mientras el mundo miraba con envidia la rapidez de las operaciones. Sin embargo, la ilusión comenzó a desvanecerse cuando la capacidad de producción del laboratorio resultó muy por debajo de lo necesario para cumplir con las dosis pactadas. En efecto, para el primer semestre del presente año el compromiso era entregar 120 millones de dosis y solo ha entregado 30 millones de dosis. El segundo semestre tampoco se ve auspicioso.
La UE decide demandar a AstraZeneca por el incumplimiento, declarando, además, que no renovará contrato con el laboratorio más allá de junio. La demanda señala que la farmacéutica incumplió su obligación de entregar las dosis, fue negligente y no hizo todos los esfuerzos necesarios para garantizar el suministro. Aún más, acusa que AstraZeneca envió dosis a terceros países violando el contrato de preferencia que tenía con la UE, aún después de usar recursos europeos para el desarrollo y aumento de la capacidad industrial de su laboratorio.
Por otro lado, AstraZeneca ha debido enfrentar cuestionamientos derivados de la rara ocurrencia de coágulos sanguíneos en ciertos receptores de la vacuna. Si bien es cierto existen normas que impedirían demandar al laboratorio por este motivo en Europa, dichas normas no necesariamente son aplicables al resto del mundo, lo cual podría significar, en el futuro, más demandas judiciales.
Finalmente, como hemos comentado en otras columnas, asistimos a la judicialización de todos los aspectos de nuestra vida en sociedad y ahora en especial de las vacunas. ¿Que podrá resultar finalmente de esta ola de judicialización de la vida pandémica? Estaremos atentos.