José Ramírez Gaete – Licenciado en Cs Jurídicas y Sociales – Colectiva, Justicia en DD.HH.

Las recientes elecciones de Convencionales Constituyentes han provocado un terremoto político que aún nos sacude. El desconcierto de las elites gobernantes es evidente, mientras son miles los ciudadanos que se organizan para convertir en realidad las demandas sociales que han impugnado el pacto político manifestado en la Constitución.

El terremoto constituyente tendrá varias réplicas, a propósito de las elecciones que se vienen. Sin embargo, debemos encontrar la calma necesaria para aquilatar los resultados eleccionarios y precisar los contenidos constitucionales para un nuevo pacto social.

En especial, urge ocuparse de la distribución del poder, hoy concentrado en pocos órganos y atado por mecanismos contra mayoritarios. ¿Cuánto poder queremos entregar a las regiones? ¿Cómo se manifestará el ejercicio de la ciudadanía? ¿Cuánto poder a los representantes y cuánto a los representados? Son preguntas fundamentales.

Por otro lado, es necesario redefinir el sistema de gobierno. Éste debiera responder a la realidad del Chile actual, junto con propender a un modelo que asegure gobernanza y estabilidad. Dicha realidad es hoy la de un sistema político diverso, con poca capacidad de las fuerzas políticas para construir grandes bloques. En ese sentido, pareciera que los modelos basados en el parlamentarismo pueden responder mejor a esta realidad.

Por último, la Nueva Constitución debe reforzar un compromiso con los derechos humanos. La revuelta popular de octubre de 2019 significó el mayor ciclo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos ocurrido en Chile, desde 1990. Los Constituyentes no pueden olvidar aquello: escribiremos una Constitución sobre la sangre derramada de ciudadanos que ejercieron su derecho a la protesta y fueron brutalmente reprimidos. El rol de las policías y las FF.AA., el sistema de educación, la configuración de la administración pública y, finalmente, la protección jurisdiccional de los derechos humanos, deben ser objeto de un fuerte debate, sin las cortapisas que ayer impidieron avanzar en mayor justicia y reparación en el periodo transicional.