Con el caso colombiano, también nos une la existencia de una policía militarizada y un relato del gobierno que ante protestas ciudadanas acusa amenazas terroristas para justificar el uso desproporcionado de la fuerza.
Maria Victoria Ulloa
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.
Se enciende, nuevamente, la alerta en la región latinoamericana por violaciones de DD.HH, en contexto de protesta social, a propósito de Colombia y las manifestaciones en contra del gobierno de Iván Duque. A pesar de que el presidente retiró el proyecto de reforma tributaria que inició las protestas, el pueblo colombiano continúa manifestándose en contra de la violencia policial que, presuntamente, ha cobrado al menos 13 vidas de civiles y cientos de lesionados.
Lo que ocurre en Colombia hace eco de nuestra propia realidad como país que, a días de las elecciones de convencionales constituyentes, no ha podido otorgar una respuesta institucional, mínimamente, satisfactoria a la vulneraciones de DD.HH cometidas contra manifestantes en las protestas que dieron lugar al proceso constituyente, entre ellas cientos de mutilaciones oculares. Tal es el caso, que el pasado 29 de abril se presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional para que investigue y enjuicie al presidente Piñera y colaboradores por crímenes de lesa humanidad cometidos en las protestas del estallido social. Se arguye en el escrito que los casos han sido erróneamente calificados de delitos comunes para favorecer su impunidad y que el Ministerio Público y el Poder Judicial han tenido una demora injustificada en la sustanciación de los procesos. En efecto, se denuncia el cierre administrativo de 3.050 investigaciones por violencia institucional, que corresponde un 46% de las causas por violaciones de DD.HH.
Tristemente, en los procesos políticos de Latinoamérica nos une una historia de denegación al acceso a la justicia cuando de Derechos Humanos se trata. Con el caso colombiano, también nos une la existencia de una policía militarizada y un relato del gobierno que ante protestas ciudadanas acusa amenazas terroristas para justificar el uso desproporcionado de la fuerza.
Urge que nos cuestionemos el lugar de las policías en una sociedad democrática, como también que Chile comience un nuevo capítulo de su historia constitucional asegurando un verdadero acceso a la justicia. Necesitamos verdad y justicia, reparación y garantías de no repetición, para satisfacer el principio de igualdad y alcanzar una verdadera paz social.