El objetivo de una política del agua incorporada en una Constitución es convertirla en un derecho humano, restituyéndole su carácter de bien común de la humanidad.
Andrés Cruz Carrasco
Abogado, doctor en Derecho.
El agua, constitutiva de todo lo vivo, en los hechos no es un bien común, sino que forma parte de los activos patrimoniales de algunos particulares que especulan con ella, convirtiéndola en un bien más de aquellos que se transan en el mercado, asignándosele un precio. Pese a ser un bien vital, hay que pagar por ella. Por la crisis hídrica y el calentamiento global ya se augura que será la causa de futuras guerras.
El estrés hídrico nos ha golpeado fuerte, naturalizándose el uso de camiones aljibes para el suministro de la población, mientras unos pocos se aprovechan de derechos constituidos sobre ella, para lucrar aunque sea a costa del sufrimiento de quienes tienen que ver como los caudales corren a su lado, sin poder hacer uso de los mismos para sobrevivir.
El despilfarro de agua es también enorme, ya sea por la aplicación de rudimentarias técnicas de riego, un uso industrial ineficiente o la explotación energética depredadora y primitiva, ante la falta de incentivos y apoyos para invertir en innovación y tecnología. Además de las filtraciones de acueductos y su irresponsable empleo doméstico. Es una más de las manifestaciones de la total falta de conciencia, ante la magnitud de la tragedia, asociada a su escases, de ausencia de empatía respecto de quienes no sufren las consecuencias y de la indolencia y falta de voluntad de los que concentran el poder económico y político, y que paradójicamente se pueden ver beneficiados por la insuficiencia de agua, al rentar favorablemente con la comercialización de un bien escaso.
Pero no sólo es un problema de cantidad, sino que también de calidad. La creciente contaminación han ido agudizando el problema. Más aún, se privilegian los intereses privados de corto plazo, por sobre aquellos sustentables ambientalmente de largo plazo, proponiendo incluso carreteras hídricas que nada solucionan.
La seguridad hídrica ha pasado a constituirse en una amenaza emergente que configura un problema político esencial para la subsistencia y equilibrio ecológico no sólo nacional sino que también global.
El objetivo de una política del agua incorporada en una Constitución es convertirla en un derecho humano, restituyéndole su carácter de bien común de la humanidad, privilegiándose su consumo para los seres humanos por sobre su uso industrial, devolviendo a la esfera pública su gestión, para que su utilización sea solidaria y sostenible, con dispositivos de control para proteger los equilibrios hidrogeológicos y medioambientales a fin de promover y garantizar su uso racional, implementándose políticas del agua a nivel local, regional y nacional.