Opinión

25 de noviembre en el marco del Proceso Constituyente

El Proceso Constituyente iniciado recientemente es una oportunidad para comenzar un abordaje integral que de paso a un mayor desarrollo legislativo. En este punto, recojo el documento “Nueva Constitución con Perspectiva de Género” presentado por 18 académicas, que advierte que la lucha contra la violencia de género es una dimensión estratégica del proyecto sociopolítico que amerita un tratamiento constitucional.

Por: Diario Concepción 20 de Noviembre 2020
Fotografía: Cedida

María Victoria Ulloa Becerra
Colectiva – Justicia en Derechos Humanos
Corporación y Oficina Jurídica.

La violencia de género constituye una vulneración grave a los Derechos Humanos. La OMS estima que un 35% de las mujeres ha sufrido alguna vez violencia física o sexual dentro o fuera de la pareja. Los desarrollos teóricos, por su parte, nos permiten comprender que los actos de violencia de género no son fenómenos inconexos sino un continuum en la vida de mujeres, niñas y disidencias sexuales.

Ad portas de una nueva conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el próximo 25 de noviembre, cabe preguntarnos como avanzar en eliminar esta cruda barrera para la igualdad sustantiva de hombres y mujeres, cumpliendo, además, las obligaciones internacionales que el Estado de Chile ha contraído.

Como señala Rita Segato, la sociedad es un caldo de cultivo para la violencia de género. En este sentido, una solución eficaz no solo debe abordarse desde el Derecho Penal, ni pasa por el aumento de las penas, sino a través de leyes integrales que incluya la prevención, sanción y reparación. Como dice Segato, que apunten al cuerpo del iceberg.

El Proceso Constituyente iniciado recientemente es una oportunidad para comenzar un abordaje integral que de paso a un mayor desarrollo legislativo. En este punto, recojo el documento “Nueva Constitución con Perspectiva de Género” presentado por 18 académicas, que advierte que la lucha contra la violencia de género es una dimensión estratégica del proyecto sociopolítico que amerita un tratamiento constitucional. Las académicas proponen el reconocimiento del derecho a vivir una vida libre de violencia, así como un mandato hacia el Estado para el desarrollo de políticas públicas de prevención de la violencia de género, sanción y reparación a las víctimas. Podemos encontrar ejemplos comparados (con matices) en la Constitución de Bolivia (Art.15), Ecuador (Art.66.3) y Colombia (Art.42).

Esperamos que la primera Constitución con paridad sea capaz de transversalizar la perspectiva de género, y plasmar como prioritario en nuestro contrato social el derecho de todas y todos a vivir una vida libre de violencia en condiciones de igualdad.

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