Cualquier normativa moderna que pretenda hacerse cargo de la realidad del fenómeno migratorio actual y futuro, con perspectiva de derechos, debe contemplar mecanismos de regularización, flexibles y permanentes, alejándose de los conceptos de selectividad y discriminación.
Bárbara Silva Jiménez
Profesora del Departamento de Derecho Privado
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de Concepción
Las causas de la migración irregular no las encontramos en la ausencia de una ley estricta, sino que, muy por el contrario, las restricciones constituyen una de las principales causas de la imposibilidad de regularizar la situación migratoria. Para corroborar lo dicho basta ver lo ocurrido en nuestro país a propósito de la exigencia de visas consulares de turismo para nacionales de República Dominicana, Cuba y las implementadas posteriormente para nacionales de Haití y Venezuela, pues la mayor cantidad de personas en situación migratoria irregular en Chile son personas de dichas nacionalidades. Esto tiene lugar debido a que ninguna ley puede contener los flujos migratorios, pues ellos responden a determinadas condiciones fácticas que se dan en un determinado momento y que no pueden pretender ser dirigidos y/o contenidos por una normativa.
El proyecto de ley de migraciones y extranjería que actualmente se discute en nuestro país, ha sido construido sobre la base de establecer severas restricciones a la posibilidad de modificar el estatus migratorio de personas que ya han ingresado al territorio chileno, aludiendo siempre a la necesidad de una migración “ordenada, segura y regular”, sin embargo, pareciera que lo que se esconde tras esa idea es establecer normas que permitan una migración selectiva y discriminatoria, cuestión que por lo demás siempre ha tenido lugar en la historia normativa migratoria de nuestro país y que esta nueva ley vendría a reforzar.
El álgido debate que ha tenido lugar durante las últimas semanas en el Senado a propósito de las indicaciones realizadas al proyecto de ley en la comisión de derechos humanos; debate que incluso trajo aparejado una contundente amenaza de veto presidencial; ha develado aún más las verdaderas intenciones que se esconden tras este proyecto de ley. La amenaza de veto presidencial viene a deslegitimar el proceso de discusión democrática pasando por alto las recomendaciones realizadas por académicos, ONGs, expertos del Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU y otras organizaciones civiles.
Muy alejado de lo que ocurre con el actual proyecto, cualquier normativa moderna que pretenda hacerse cargo de la realidad del fenómeno migratorio actual y futuro, con perspectiva de derechos, debe contemplar mecanismos de regularización, flexibles y permanentes, alejándose de los conceptos de selectividad y discriminación, los que finalmente solo propenden a la irregularidad y a la vulneración de derechos.