Que una empresa contrate a personas con discapacidad no la convierte en una compañía inclusiva. Chile requiere contar con estándares definidos para los procesos de inclusión laboral.
Las personas con alguna discapacidad en general están ausentes en las discusiones sobre inclusión. Otros colectivos suelen ganar protagonismo en el debate por una sociedad más inclusiva, por razones varias. Si bien hay avances en materia de inclusión laboral (Ley 21.015), educación (Ley N° 20.845) e igualdad de oportunidades (Ley N° 20.422), es una materia que no suele figurar en las cuentas públicas, en proyectos políticos, en plataformas de candidatos a cargos electivos. Su poca figuración, sin embargo, no guarda relación con su representatividad poblacional: según el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Ministerio de Desarrollo Social, el 16,7% de la población en Chile tiene alguna discapacidad. Un universo cercano a tres millones de personas difícilmente podría ser rotulado bajo la etiqueta de “minoría”.
Cuando se trata de participación en el mundo laboral, las personas con discapacidad tienen menos presencia que en otros ámbitos, y esa es una de las principales barreras a las que se enfrentan como ciudadanos. Un reciente informe del Programa Pacto de Productividad Chile reveló el estado de la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y los números no dejan margen a ambigüedades. Las actividades a las que se dedican las personas con discapacidad corresponden a un 15,4% como asistentes, asesor, coordinador o encargado. Un 14,7% a auxiliares de aseo, de cocina, de farmacia, entre otros, mientras que roles como directores, jefes o ejecutivos registran un 5,5%. Cargos de profesionales, un 3,1%.
El informe destaca un hallazgo: la falta de articulación entre los actores sociales que componen el ecosistema de la inclusión laboral en el país. Y concluye que para superarlo es clave implementar un modelo colaborativo de inclusión laboral, trabajando en forma articulada con los principales actores públicos y privados, de manera “a generar un modelo participativo, socializado y consensuado por todos los sectores”.
Chile requiere contar con estándares definidos para los procesos de inclusión laboral para este colectivo. Que una empresa contrate a personas con discapacidad no la convierte en una compañía inclusiva. Pero es un primer paso muy importante. Lo principal es que la sociedad entienda – y que ello se refleje en las políticas públicas – que las personas con discapacidad son ciudadanos, sujetos de derechos, no agentes para la beneficencia.