Tampoco es novedad afirmar que los gobiernos del mundo y los organismos internacionales no han estado a la altura de la situación. Los ministerios de salud, la OMS, la OPS, organismos con conocimiento técnico en el manejo de enfermedades simplemente han fracasado.
Dra. Beatriz Larraín
Integrante del Programa de Estudios Europeos
En los últimos meses hemos sido espectadores de la creciente judicialización de la pandemia, sobre lo cual hemos escrito en otra columna. El Viejo Continente ha sido testigo también de una ola de juicios y demandas producto de la Covid-19. En España, se presentaron demandas por la responsabilidad del gobierno de haber convocado a la marcha del Día Internacional de la Mujer causando masivos contagios. Un grupo denominado Asociación Española de Víctimas y Afectados por la Covid-19 presentó ante la Corte de la Haya una denuncia contra Pedro Sánchez acusándolo del genocidio de 50.000 personas. Los franceses no se han quedado atrás y han acusado criminalmente al gobierno por la mala gestión de la Covid-19, habiendo la Fiscalía general francesa ya abierto una investigación para determinar culpabilidad. Los ejemplos abundan.
No hay nada nuevo en la judicialización de las tragedias. Basta recordar la avalancha de demandas que hubo en EE.UU. tras el 11-S. En una de ellas, incluso, se pedía a los jueces que ordenaran al estado de Nueva York seguir buscando por años entre los restos de la explosión para encontrar al menos trazas de ADN de los familiares desaparecidos. En Chile, el terremoto del 2010 generó algo similar. Se presentaron todo tipo de solicitudes ante los jueces, aún después de la constatación de la magnitud del fenómeno natural que hizo que la tierra variara su eje en 3 metros, evento que no sucede a menudo en la historia del mundo.
Por otro lado, tampoco es novedad afirmar que los gobiernos del mundo y los organismos internacionales no han estado a la altura de la situación. Los ministerios de salud, la OMS, la OPS, organismos con conocimiento técnico en el manejo de enfermedades simplemente han fracasado. La pregunta que cabe hacerse es si un órgano del estado que no tiene conocimiento en materia de salud (simplemente porque no es su función) ¿podrá satisfacer la frustración, la pena y la rabia de quienes han perdido un ser querido en esta pandemia? Si no han podido los demás órganos internos e internacionales responder adecuadamente, ¿habrá alguna esperanza que lo haga un órgano del estado como el judicial?, ¿por qué atribuimos a los jueces este súper poder?, no estaremos preparando un escenario de mayor frustración al darnos cuenta que las tragedias humanas de gran escala no se pueden resolver por sentencia firme y ejecutoriada? Dejo la reflexión al lector.