Las directivas socialistas, y de todos los partidos, son entidades controladas por los parlamentarios y los lotes que encabezan. La parlamentarización de los partidos con sus lacras, el clientelismo y los cacicazgos han corroído las bases de nuestra joven democracia y la eternización de los parlamentarios en sus cargos, lo que, a su vez, ha contribuido a la falta de credibilidad de la institución a la que pertenecen.
Ariel Ulloa Azócar
Médico y ex alcalde de Concepción
En mayo de 1998, siendo alcalde de Concepción, me correspondió el honor de presidir el Congreso General del Partido Socialista, el que se celebró en nuestra ciudad. Uno de los acuerdos importantes de dicho evento, además de elegir a Ricardo Lagos como nuestro candidato presidencial, fue aprobar el Estatuto que tuvo vigencia hasta no hace mucho tiempo. En tal estatuto, se estableció la limitación de los mandatos de elección popular en los mismos términos que fija la ley aprobada en el Senado después de 8 años de tramitación parlamentaria.
Jamás la oligarquía dirigente cumplió con esta disposición estatutaria. La razón, muy simple. Las directivas socialistas, y de todos los partidos, son entidades controladas por los parlamentarios y los lotes que encabezan. La parlamentarización de los partidos con sus lacras, el clientelismo y los cacicazgos han corroído las bases de nuestra joven democracia y la eternización de los parlamentarios en sus cargos, lo que, a su vez, ha contribuido a la falta de credibilidad de la institución a la que pertenecen.
Esta semana, se votó en el Senado la ley que limita, a partir de ahora, los mandatos de senadores, diputados, alcaldes y concejales. Sólo tres senadores socialistas, Allende, Montes y Urresti, votaron a favor y con esto cumplieron con el mandato unánime del último Congreso del Partido. El resto votó en contra (Insulza) o se abstuvo, lo que equivale a votar en contra por un problema de quorum. El Presidente del partido, Álvaro Elizalde, optó por “correrse” con algún pretexto poco creíble, lo que me parece peor por cuanto, si alguien debe preocuparse de que los acuerdos de nuestro Congreso se cumplan, es precisamente él.
Triste espectáculo ante un país que sufre y pela el ajo. Sin embargo, es más que probable que a aquellos que buscan repetirse el plato, les salga el tiro por la culata. Si la ley se promulga como está es una “norma de derecho público” y como tal es efectiva en el acto. Por lo tanto, el artículo transitorio acerca de la “no retroactividad” está demás. No son escasos los juristas que se han pronunciado en este sentido. Eso cerrará el paso a varios y permitirá la ventilación periódica del Parlamento y, con esto, una recuperación paulatina de su credibilidad y prestigio perdidos.