KIMBERLY IGLESIAS
Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales
Colectiva Justicia en Derechos Humanos
La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre del año 1989 por la Asamblea de las Naciones Unidas, la cual, fue ratificada en Chile en el año 1990. Dentro de los derechos que regula este cuerpo normativo, está, el garantizar su derecho de acceso al agua potable (lo que implica su saneamiento e higiene) y su derecho al desarrollo armonioso e integral. Desarrollo que, en la actualidad, se ve afectado por la propagación del Covid-19 alrededor del mundo y los graves problemas de acceso al agua.
En nuestro país, ambos panoramas no parecen mejorar. Evidencia de lo anterior, es que, el miércoles 13 de mayo, el ministro Jaime Mañalich anunciaba el mayor número de nuevos casos por Covid-19, ascendiendo a un total de 34.381 personas contagiadas en nuestro país.
Además , de acuerdo al decimosexto informe epidemiológico del Minsal que registraba un total de casos acumulados de 30.063, hasta el 10 de mayo, son alrededor de 853 niños y niñas, menores de 15 años, los que se encuentran contagiados por la enfermedad. Luego, del número total de casos acumulados hasta la misma fecha, 998 se concentra en la región de Valparaíso, existiendo 7 en la comuna de Petorca, una de las más afectadas por la escasez hídrica en nuestro país. ¿Nos sorprende este panorama? Para nada, solo basta recordar que hace un par de semanas el gobierno hizo un llamado a adaptarse a la “nueva realidad”, lo que implicaba retomar las actividades presenciales y con ello, la apertura del comercio.
Lo anterior, evidencia un nuevo punto de preocupación frente a las medidas adoptadas ante la crisis sanitaria pues, uno de los mejores mecanismos de prevención de la propagación de esta enfermedad, es el lavado de manos, pero ¿cómo exigimos esto a niños y niñas que ni siquiera tienen acceso a 100 litros de agua diarios (aun cuando lo que se recomienda son 150)? Esto desemboca en que los niños de estas comunidades estén constantemente expuestos al contagio de Covid-19 y consecuentemente, se vean afectados en sus derechos.
Esta situación fue visualizada hace un par de días por la Defensoría de la Niñez, la cual presentó un Recurso de Protección a favor de los mismos, pero nos pone de bruces contra la realidad: no es el momento de flexibilizar las medidas de prevención, sino que se hace necesario potenciarlas, protegiendo a los grupos más vulnerables de nuestro país, como lo son los niños y niñas, haciéndose urgente, adoptar políticas nacionales que tiendan a garantizar el derecho de acceso al agua , y no lo limiten, sobre todo teniendo en consideración el contexto actual que nos aqueja a nivel mundial.