Un reciente estudio de Acción Educar devela que sólo un 34% de los planteles del sistema podría ser solvente de prosperar la iniciativa.
Roger Sepúlveda Carrasco
Integrante Vertebral Bío Bío
Rector Santo Tomás Concepción
El proyecto de ley que busca la suspensión del pago de aranceles, que se tramita en la Cámara de Diputados, atenta contra la capacidad de las instituciones de honrar su compromiso de entregar formación de calidad a los estudiantes y va contra la autonomía de las casas de estudios, poniendo en una compleja situación financiera a todo el sistema técnico-profesional, el que, cabe recordar, no recibe aportes basales del Estado.
Sin ir más lejos, un reciente estudio de Acción Educar devela que sólo un 34% de los planteles del sistema podría ser solvente de prosperar la iniciativa, lo que grafica la improcedencia de seguir adelante con este trámite legislativo.
Hoy vivimos momentos extraordinariamente excepcionales como consecuencia de la pandemia por Covid-19. Y, pese a esto, las instituciones técnico-profesionales, que especialmente en regiones cumple una labor formativa fundamental, han realizado esfuerzos significativos para iniciar el año académico, poniendo a disposición mecanismos de educación a distancia que garanticen la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Se han adoptado –en tiempo récord– plataformas de aprendizaje digital, se han capacitado a miles de docentes y alumnos, se entregaron equipos computacionales a los estudiantes en situación más vulnerable, así como becas de conectividad, todo junto a iniciativas de alivio financiero y flexibilidad académica; acciones realizadas merced a importantes inversiones con recursos que no estaban contemplados, lo que habla del compromiso y responsabilidad adquirido con las comunidades educativas.
Por eso, suspender el pago de aranceles afectaría severamente el funcionamiento de las instituciones técnico-profesionales, ya que prácticamente la totalidad de los ingresos operacionales del sistema proviene del pago arancelario. Una abrupta alteración de los presupuestos, ya comprometidos debido a los esfuerzos descritos, al irregular proceso de admisión 2020 y la histórica baja de nuevos alumnos matriculados, gatillaría severas complejidades en la gestión económica de los planteles.