Hay respuestas para evitar dar más vulnerabilidad a los que ya son vulnerables.
Andrea Zondek
Fundación Tacal
Los efectos del Covid-19 nos han golpeado. Salud, educación, empleo, son solo alguna de las áreas afectadas, áreas vitales y que hablan de una pandemia que afecta los derechos humanos de las personas.
Especial preocupación es el tema laboral, más aún en el contexto del Día Internacional del Trabajo y cuando el Ministerio del ramo acaba de confirmar que casi un millón 300 mil personas se encuentran desempleadas o con sus contratos suspendidos. Desde Fundación Tacal hemos constatado – sin cifras concretas aún- que, a la hora de desvincular, las personas con discapacidad están siendo afectadas.
Hasta antes de la Ley 21.015, el 70% de las personas con discapacidad no contaban con un trabajo formal. La Ley de Cuotas de Inclusión Laboral ha sido un importante aliciente para fomentar el empleo en el sector, por nuestra parte, con mediación y capacitaciones, para que esta inclusión se realice según competencias y en una perspectiva de derechos.
Hace unos días leía en el diario El País de España cómo en las personas con discapacidad, tras la vuelta al trabajo y con los intentos de volver a la normalidad, surge el temor que algunos centros especiales no puedan continuar, porque enfrentan una caída en la actividad y pérdida de ingresos que comprometen su vialidad, sumado a los ajustes que ha tenido que hacer el Ministerio del Trabajo de España, respecto de subvenciones a los mismos.
Esa es la realidad en varios países, pero no es la realidad de Chile. Hay una tremenda oportunidad, recordando que hemos apostado por una ley que vitalice la experiencia inclusiva y genere espacios de empleo. Sin embargo, su efectividad tiene que ver con evaluar a la persona con discapacidad en su mérito y bajo parámetros de competencia. Esa perspectiva es la que hace la diferencia.
Hay respuestas para evitar dar más vulnerabilidad a los que ya son vulnerables. Invitamos a las empresas a contactarnos para apostar por la inclusión laboral y contratar a personas con discapacidad; usar la franquicia tributaria en precontratos para poder entregarles mayores herramientas y que puedan de esa forma incluirse nuevamente en la sociedad, entre otras opciones.
La esperanza es que esta crisis de salud, social y económica se frene, porque con o sin pandemia las personas con discapacidad tienen que comer, vivir y alimentarse, al igual que el resto de la población.