José Luis Trevia
Fundación para el Progreso
Últimamente se ha puesto en tensión la temática de las aguas. Asumiendo estas como un recurso fundamental para la vida humana y el progreso, ha sido cuestionado su uso y gestión en el debate público. No es extraño ver carteles, rayados en las calles o imágenes en redes sociales, señalando “Chile es el único país donde el agua está privatizada” o “no es sequía, es saqueo”, entre otras. La verdad es que el problema con respecto al uso y gestión del agua, va mucho más allá de los eslóganes y la tesis reduccionista de que vivimos bajo el yugo de un sistema capitalista extractivista, que en su relación con la propiedad, acapara el agua “para unos pocos”. Impera una profunda nube de fake news respecto del agua, lo que hace necesario aclarar el panorama de estas aguas turbias.
El sistema que utilizamos, a grandes rasgos, funciona sobre la base de que el agua es un bien nacional de uso público – como establece nuestro Código Civil-, cuya propiedad pertenece en exclusividad al Estado y su gestión pende del derecho de aprovechamiento que recaiga sobre éstas, siendo concedido por el Estado (Dirección General de Aguas). Solo respecto de este último existe propiedad para su uso. Además, el Estado fiscaliza el correcto uso del recurso y la disponibilidad. Un sistema como este no es único en el mundo, sino que implementado por países como Estados Unidos, Australia o India, entre otros.
Ahora bien, sucede que el escenario es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Al respecto, existen varios factores que influyen en que en Chile existan comunas con un escaso acceso al agua y a su uso. Entre ellos podemos encontrar la megasequía que afecta al país desde Santiago hacia el norte. En ese tránsito se cuenta con 800 metros cúbicos de agua superficial por habitante al año, mientras que al sur de la capital la escorrentía media anual supera los 10.000 metros cúbicos de la misma medida, según el informe del Banco Mundial de 2011. Una compleja disparidad.
Por otro lado, están los problemas estructurales que presenta nuestra alicaída institucionalidad en la materia. Por ejemplo, existe una amplia gama de instituciones y entre ellas hay una abrupta falta de integración, escasez de información completa sobre los derechos y usos del agua, un campo de actuación limitado de la administración en la gestión del recurso, poca información y recursos para fiscalización, falta de gestión integrada a nivel de cuenca, etc. De ello, han dado cuenta diversos expertos como el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, y Camila Boettiger, académica de la Universidad del Desarrollo.
En consecuencia, la problemática multifactorial que subyace respecto del uso y gestión de las aguas, debe ser tratada con prudencia y análisis. No es momento de caer en el populismo de las soluciones fáciles a problemas complejos, pensando ingenuamente que la estatización del recurso acabará con la sequía y la falta de acceso a las aguas. Es tiempo de revisar con lupa el rol y las funciones que está cumpliendo el Estado por medio de la DGA y someter al más exigente examen técnico a la burocracia imperante en el fisco. Todo esto, en aras de generar una importante reforma que cuente con respaldo de expertos y tenga en consideración experiencias comparadas de países con situaciones similares. Que no nos pasen gato por liebre.