María de la Paz Irarrázaval
Country Manager Chile, Manuia
En los últimos años hemos visto cómo las empresas avanzan con distintos ritmos y formas hacia la integración de la sostenibilidad en sus estrategias de negocio. También hemos visto cómo la normativa nacional e internacional ha ido evolucionando. Sin embargo, la discusión fluctúa muchas veces entre lo declarativo y lo operativo, entre los compromisos públicos y la dificultad real de llevarlos a la práctica. La Norma de Carácter General 519, emitida hace ya un año por la CMF, viene precisamente a mover esa frontera, ya que obliga a que la sostenibilidad entre de lleno en la conversación financiera.
A partir del ejercicio 2026, las compañías de mayor tamaño deberán cuantificar y reportar no solo los impactos que generan sobre el medioambiente y la sociedad, sino también los efectos del cambio climático sobre sus propios estados financieros. Esto incluye la obligación de entregar escenarios prospectivos, por ejemplo, para declarar cómo nos afecta si nos encontramos en 1.5 °C, 2 °C o 2.5 °C de aumento de temperatura, y mostrar cómo esos escenarios inciden en indicadores clave del negocio.
Se trata de un cambio profundo, porque no es solo transparencia. Es el reconocimiento y revelación explícita de que el cambio climático es un riesgo financiero real. Y es justamente ahí donde surge la tensión más evidente, muchas empresas ya han avanzado en la medición interna de estos riesgos, pero otra cosa muy distinta es publicar esa información al mercado. Los analistas financieros y valorizadores deberán incorporarla en sus modelos, los mercados la leerán, los inversionistas la interpretarán ¿Están/estamos preparados para esto? La información se vuelve parte del precio, del riesgo, la tasa y por lo tanto, del valor.
Ese es el punto sensible. No es resistencia al cambio. Es el vértigo de exponer información que todavía no está plenamente estandarizada. Porque junto con avanzar hacia una sostenibilidad más madura, enfrentamos el hecho de que las metodologías para cuantificar riesgos climáticos no están del todo homologadas. Aunque la Norma General 519 se articula con estándares como IFRS S1 y S2, aún existe espacio para supuestos distintos, temporalidades diversas y criterios interpretativos que pueden llevar a resultados diferentes entre empresas comparables.
El riesgo entonces, es de divulgación y también de interpretación. La falta de comparabilidad puede generar ruido en el mercado, porque no está calibrada bajo marcos comunes que permitan comprenderla en su justa medida. Por eso, el dilema hoy no es si reportar o no reportar. El dilema es cómo hacerlo bien.
Algunas organizaciones evalúan adelantarse y reportar desde el ejercicio del 2025, otras prefieren esperar a 2026 para observar el comportamiento del mercado y los ajustes metodológicos que puedan ir consolidándose. Ambas estrategias son comprensibles.