Es destacable cómo una distorsionada visión de la libertad de empresa y la propiedad individual ha permitido diversos abusos a nivel del mercado.
Rodrigo Castillo Jofré
Colectiva Justicia en Derechos Humanos
Los momentos críticos en el ámbito social, económico y sanitario, como los vividos los últimos meses en Chile, sacan a la luz las debilidades del modelo de país que hemos construido, mostrando el desamparo y precariedad sobre la que se sostiene la vida de gran parte de sus habitantes. Sin ir más lejos, el actual brote de COVID-19 ha dado cuenta, más allá de las decisiones del gobierno de turno, de problemas estructurales que, basados en la aplicación que la actual Constitución hace de la idea del “Estado Subsidiario”, impiden implementar todas las medidas urgentes, y paliar los efectos sociales y económicos en la vida de las personas.
Estos problemas se expresan, en primer lugar, en una formulación de la salud garantizada en sus bases constitucionales, no como un derecho en sí misma, sino sólo en lo que respecta a la “libertad de elegir el sistema de salud.” Esta fórmula, pensada para proteger a los prestadores privados, ha orientado una visión que no se centra en su aseguramiento como un derecho ni en el fortalecimiento de un sistema público de salud, que enfrente adecuadamente y sin distinción socioeconómica los requerimientos de la población, especialmente en situaciones de crisis.
Al mismo tiempo, la posibilidad de cumplir efectivamente las recomendaciones de mantenernos en nuestros hogares resulta imposible para muchos, a raíz del endeudamiento y la precariedad del empleo, evidenciando la falta de un sistema de seguridad social que garantice la existencia de un mínimo vital que cubra las necesidades básicas.
Por último, es destacable cómo una distorsionada visión de la libertad de empresa y la propiedad individual, ha permitido diversos abusos a nivel del mercado, impidiendo un rápido control de precios de productos de primera necesidad y disposición de infraestructura privada en respuesta a la crisis, limitando el acceso de la población a estos servicios.
Frente a ello, es necesario reflexionar, de cara a las discusiones sobre nuestro sistema político y constitucional que seguiremos afrontando una vez superada la crisis, respecto del carácter de Estado, el rol de la seguridad social y la salud, a partir también de la experiencia de estas semanas. Más concretamente, en el aporte que la idea de un Estado Solidario, fuertemente comprometido en la satisfacción de necesidades públicas, puede significar en la discusión de una Nueva Constitución, de cara a los desafíos que plantea un futuro en que enfrentemos probablemente, nuevas crisis derivadas de pandemias, desastres naturales y el cambio climático, ante lo cual la dignidad y subsistencia de las personas debe estar asegurada.