Históricamente, la clase media se ha consolidado como uno de los motores más importantes para el desarrollo socioeconómico de los países, en una frecuente declaración, a veces equivalente a la irónica observación, “díganle al tonto que haga fuerza”, el grupo esforzado de la sociedad que hace lo posible por mejorar a puro esfuerzo, por lo general, sin las debidas compensaciones. La literatura continúa dorándole la píldora, la clase media fortalecida significa una serie de beneficios para los países que la contienen, “mayor cohesión social, estabilidad política, incrementos de la productividad del trabajo y de la demanda por bienes y servicios, y también una mayor inversión de largo plazo y un consecuente mayor crecimiento”.
Como si todo aquello fuera aún insuficiente para destacar su trascendencia, se describe que una clase media potente se asocia a mayores niveles de educación, mejores resultados en salud y mayor movilidad intergeneracional. Suele concluir estas declamaciones con algunas sugerencias más bien obvias, como la necesidad de entender la naturaleza de la clase media y los movimientos de personas dentro y fuera de ella, “para diseñar e implementar políticas públicas que fomenten una mejora en el bienestar del país, promuevan un mayor crecimiento nacional e incrementen el ahorro y la acumulación de capital”.
Sin embargo, todavía no se observa una política pública consistente y efectiva para proteger a esta clase media por definir, que queda afuera de todo lo que puede ayudar a otros, ni las protecciones a los grandes capitales ni las ayudas a los capitales ínfimos, sigue rasguñándose con sus propias y cortas uñas.
PROCOPIO