En los últimos 13 años, el Congreso ha tramitado más de 20 proyectos de ley vinculados a incendios forestales, los que buscaban, principalmente, tanto el fortalecimiento y/o reformas a los mecanismos de gestión por parte de los Órganos de la Administración del Estado, como el endurecimiento de penas y la ampliación de las hipótesis de los delitos.

Pese a esta aparente profusión normativa, sólo tres de esta veintena de proyectos han logrado avanzar a un segundo trámite constitucional y, a la fecha, ninguno se ha convertido efectivamente en ley. Además de esta baja efectividad, el debate parlamentario ha errado al centrarse en endurecer las sanciones por el delito de incendio, algo que sin duda es necesario (sobre todo considerando que la gran mayoría de los siniestros tiene origen humano y se ven agravados por factores climáticos y territoriales), pero que es a todas luces insuficiente, dejando de lado el abordaje de causas estructurales que permitirían prevenir estos siniestros, como el modelo de uso del suelo, la continuidad del combustible vegetal y la falta de planificación en zonas de alto riesgo.

Adicionalmente, las políticas de fomento forestal impulsadas en paralelo por el Estado han contribuido a la expansión de monocultivos altamente inflamables, sin incorporar criterios obligatorios de gestión del riesgo. Esta falta de articulación entre desarrollo productivo, ordenamiento territorial y prevención de incendios ha generado territorios cada vez más vulnerables y ha profundizado las externalidades sociales y ambientales, especialmente en zonas rurales y de interfaz urbano-rural.

Es por esto que el proyecto de ley que finalmente se aprobó en el Senado a fines de enero, gracias a una enorme presión ciudadana, representa un avance en esta materia, ya que contiene un enfoque preventivo, incorporando la planificación territorial, la gestión del paisaje y la creación de figuras específicas como zonas de interfaz y de amortiguación. No obstante, de ratificarse esta normativa en los primeros días de marzo por la Cámara de Diputadas y Diputados (en su tercer trámite constitucional), su eficacia dependerá de contar con una institucionalidad pública robusta, con capacidad real de fiscalización y sanción, así como de normas que rompan los incentivos económicos asociados a la intencionalidad, como el cambio de uso de suelo en terrenos siniestrados, una materia que sigue estando pendiente en nuestra legislación.

Es menester contar con una estrategia nacional coherente, con enfoque preventivo y de largo plazo, que aborde este problema desde una política pública estructural, preventiva y territorial, que proteja la vida de las personas, los ecosistemas y la seguridad del país frente a un riesgo que ya no es excepcional, sino permanente.

Silvana Espinosa
Experta en Clima y Ecosistemas de Greenpeace