Opinión

A propósito de controles

Por: Diario Concepción | 13 de Marzo 2019
Fotografía: Carolina Echagüe M.

Andrés Cruz Carrasco
Abogado, magíster Filosofía Moral

La vida política se encuentra actualmente sometida a las exigencias del corto plazo. De allí la necesidad de demostrar cualquier cosa con tal de aparentar dureza contra el crimen, aunque se trate de las medidas más ineficaces. No importa el resultado o la eficiencia, sino que el espectáculo. Que se desprenda una actitud severa en contra de la marginalidad.

Frente a un débil tejido social corresponde necesariamente un fuerte control penal. Ante la presencia cada vez más significativa de migrantes, de intrusos, que no sólo acrecientan la criminalidad y esparcen sus enfermedades, se hace indispensable montar un mayor despliegue policial con más controles de identidad, los llamados “preventivos” que no constituyen otra cosa que una detención de corto plazo, que puede realizarse arbitrariamente, sin expresión de causa y que por regla general se verifica entre quienes responden al estereotipo de los más desfavorecidos en una sociedad segregada.

A seres humanos que por puro prejuicio se les califica de “peligrosos”, porque visten de tal o cual modo, porque viven en tal o cual barrio, porque concurren a tal o cual universidad, porque hablan de una u otra forma, que la élite ha tomado la decisión de no admitir como aquello que debe ser aceptado como lo “normal”. 

El utilitarismo penal reduce el ejercicio de la libertad para unos en nombre de la exaltación de la misma para otros, los más privilegiados. Una ampliación de atribuciones para la realización del control de identidad preventivo constituye una manifestación más de una ingeniera represiva desordenada que solo tiene como objetivo ganarse un par de puntos en alguna encuesta semanal, pero que en la práctica hará más intolerable las desigualdades, represión y agudización de la segregación de los que por su lugar de residencia, apariencia o edad no responden a los cánones y modelos del exitismo materialista e hipócrita impuesto por los más acomodados.

Este tipo de decisiones jalona a la institucionalidad fuera del Estado de Derecho, por no reconocer las prerrogativas de algunos que estarán permanentemente expuestos al hostigamiento de la autoridad. En nombre de la defensa social, el valor de la seguridad de todos nos conduce a la anulación de los derechos de otros y permite legitimar el uso de la violencia social, agudizando el resentimiento y la sensación de exclusión de aquellos que serán las víctimas de las vejaciones, que por supuesto no se realizarán en el barrio alto, que serán aplaudidas por la masa, hasta que les toque a ellos o a sus hijos.

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