Opinión

El cuartel Bahamondes

Por: Diario Concepción 07 de Marzo 2019
Fotografía: Cedida

PAULA TESCHE ROA
Profesora Asistente
Facultad de Educación y Ciencias Sociales
Carrera de Psicología Unab

Quienes trabajamos en violación a los derechos humanos asociados con la represión política característica de la dictadura cívico militar, sabemos que ha habido políticas activas de negación y olvido por parte del Estado, que han incidido en la gestión y mantención de sitios de memoria. En Concepción, un caso ejemplar de estos lugares es el Cuartel Bahamondes, el que ubicado en las intersecciones de las calles Bahamondes con Pedro de Valdivia, fue el único recinto de la CNI reconocido oficialmente por las autoridades militares de la época.

Las detenciones y reclusiones en este centro, que duraban como máximo 15 días en espera que los detenidos fueron trasladados a centros de mayor envergadura, tenían algunas características relevantes. A saber, los servicios de inteligencia contaban con importantes recursos tanto de personal como económicos: diversos medios de transporte y disposición de implementos y maquinarias de tortura y especialmente, armas de distintos tipos y alcance. Realizaban maltratos extremos y torturas muy violentas y, finalmente, las acciones represivas fueron dirigidas a los máximos dirigentes de los principales partidos de la época, MIR y el PC.

No obstante, en la actualidad el cuartel aún no tiene suficientes elementos que permitan su identificación luego del cambio de numeración, de Pedro de Valdivia número 710 a 701 y menos aún, después de su posterior demolición y emplazamiento de un edificio residencial.

Esto es lo que evidencia el proyecto de investigación No 11170069 titulado “Memorias Colectivas de Lugares y/o sitios de memoria en Concepción: emociones desde los imaginarios locales vividos”, pues al encuestar al azar a 100 personas en las proximidades donde este lugar se emplazaba, se encontró que un 51% no tenían ninguna información sobre el lugar.

Un 18% de las personas, si bien conocieron el lugar de memoria o saben dónde este se ubicaba, no tienen un relato que se ajuste a lo que allí sucedió y distorsionan la información y sólo un 31 % tiene conocimiento sobre la existencia del lugar y sabe con qué hecho se relaciona. Por otra parte, por la escasa colaboración para prestar información, aún no es posible determinar algunos datos relevantes, como los años exactos en que funcionó, el historial de la propiedad, el número de personas que transitaron por él, etc.

Estos antecedentes permiten interrogar por asuntos éticos, a saber, la dificultad para realizar una “marcación” del lugar que permita realizar prácticas de memoria, las deudas transgeneracionales ante el sufrimiento y el compromiso social y político que la sociedad tiene ante la violación de los derechos humanos.

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