Opinión

Aula Segura, una mirada a la realidad

Por: Diario Concepción | 29 de Noviembre 2018

A raíz de la brutal golpiza de la cual fue víctima un funcionario de Carabineros a manos de un grupo de estudiantes del Inba y del llamado desesperado de miles de profesionales y funcionarios de la educación que conviven a diario con esta realidad, es que el proyecto de ley “Aula Segura”, enviado al Congreso por el ejecutivo, adquiere una merecida urgencia, dada la incontrolable situación actual.

Lo anterior, sumado a los datos proporcionados por la Superintendencia de Educación, evidencia esta triste realidad en cifras; ya que sólo en el primer semestre de 2018 las denuncias por agresiones contra docentes aumentaron en un 31% en relación al mismo período en 2017.

En nuestra zona el escenario no es muy alentador, ya que si bien la región Metropolitana hoy lidera en el ranking con un incremento de 40 a 58 denuncias durante el período indicado, la Región del Bío Bío no se queda atrás ocupando el segundo lugar, aumentando de 4 a 18 las denuncias en la misma porción evaluada.

En este contexto y ante tal necesidad, la medida nos ofrece una sanción inmediata y eficaz, a todo acto delictual que se cometa dentro de un establecimiento educacional por estudiantes que actúan bajo la protección e impunidad de su condición, de la cual hacen uso consciente y constante, viendo fortalecido este privilegio gracias a normalización y justificación que se le ha otorgado por años, facilitando la vulneración del derecho a la educación dentro de un ambiente de bienestar y poniendo en evidente peligro la integridad física y psíquica de todos los miembros de una comunidad educativa.

Ante este escenario, y era lógico suponerlo, el polémico proyecto entra al debate, toda vez que surgen opiniones tendientes a victimizar dichas conductas (a todas luces reprochables), apuntando básicamente al carácter punitivo de éste, el cual propone como solución inmediata la expulsión del agresor; medida que a su juicio no soluciona el conflicto raíz, y solo nos conduciría a la segregación, estigmatización y criminalización del “alumno problema”. Pero, ¿a qué se alude cuando hablamos de “problema raíz”?. Claramente, a una problemática social de carácter socioemocional que involucra carencias, frustraciones, falta de sentido de pertenencia, resentimientos; en fin, toda consecuencia que apunta como único culpable al fracaso del sistema escolar, con ciertos matices de carácter social involucrados; lo cual había sido el origen, motivo y a la vez la justificación de los actos de violencia registrados en las últimas semana.

Entonces, en este contexto, y ante la urgencia y estado de necesidad actual. ¿Será precisamente éste, el mejor momento de trabajar en la solución definitiva de esta problemática social? Considerando que se trata de hechos complejos, que deben ser analizados desde su origen, con la responsabilidad y dedicación que merecen, asignándole el debido tiempo a su estudio y a la búsqueda de soluciones óptimas aplicables al caso. Ello no significa que el Gobierno pretenda “esconder la basura bajo la alfombra”, ni mucho menos desconocer la realidad social del país, sino por el contrario; el hecho que hoy se esté legislando sobre la materia, deja la puerta abierta para que mediante el perfeccionamiento de éste u otro proyecto se trabaje en la aplicación de normas orientadas a dar solución al problema desde su origen, poniendo el enfoque en los primeros ciclos de la infancia, cuyos resultados, por lo complejo del tema, deberán ser apreciados en el largo plazo.

El objetivo principal de esta ley no es erradicar de manera definitiva la violencia en los liceos, sino más bien proteger el día a día de miles de profesores y funcionarios de la educación, quienes deben enfrentar el caos en sus propias aulas, viendo transformada la hermosa labor de educar en un calvario e incluso de aquellos alumnos que ven amenazado su derecho a aprender.

Afortunadamente, hoy el proyecto ha dado un paso gigantesco, mediante su aprobación en el Senado, lo cual se traduce el triunfo de toda una comunidad educativa que hoy puede mirar con optimismo el futuro de su labor principal, dentro de un aula mucho más segura, que garantice el efectivo crecimiento cultural y educativo de nuestros jóvenes.
Carla Jiménez Veloso
Abogada
Secretaria Coordinadora
Evópoli Profesionales Biobío

Etiquetas