Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
El déficit estructural, el aumento de la deuda y los supuestos USD5.500 millones sin respaldo permiten darse una idea que el presupuesto de la nación es un desorden que muy pocos entienden a pesar de las “rígidas” normas para los casos en que gastos e ingresos no se ajusten a los proyectados, porque lamentablemente la regla del balance estructural ha demostrado una ineficiencia a toda prueba y debería provocar cambios algo más serios que la discusión comunicacional con tufillo a atrincheramiento político que hoy se libra.
En gasto público pasamos de 9 billones de pesos el 2000, a 22 billones el 2010 y 40 billones el 2018, con un crecimiento muy superior que la economía en su conjunto, y a pesar de las numerosas reglas, los estudios tan sofisticados y las validaciones del Consejo Fiscal Asesor, lo real es que hemos estado funcionando con una liviandad fiscal que ha ocasionado déficits sistemáticos y un aumento de la deuda pública que financia toda esta irresponsabilidad.
En Piñera 1.0 con alto precio del cobre y fuerte crecimiento económico, la deuda pública pasó de 5,6 a 17,5 billones de pesos , un aumento de 250% en 4 años (creció 11,9 billones pasando del 5,8% al 12,7% del PIB). En Bachelet 2.0 la deuda publica creció un 140% llegando a 42,4 billones de pesos (24,9 billones de incremento y casi 24% del PIB) evidenciando el poco control respecto a temas tan sensibles y la soltura de mano de autoridades y parlamentarios al programar y autorizar tanto gasto. Sepan que entre 2010 y 2013 el parlamento autorizó contratar deuda extra por USD29.900 millones y entre 2014-2017 fueron USD37.300 millones y para el 2018 el parlamento ya autorizó poder sumar 9.500 millones de dólares. ¡¿Alguien puso realmente un límite a todo esto?! Al parecer, nadie.
Lamentablemente esto se replica en los municipios donde se genera deuda exigible que muchas veces no se declara en los presupuestos dejándose muchas facturas en un cajón hasta el año siguiente. El año 2014 denuncié como los municipios subdeclaraban la deuda exigible y no ajustaban la caja inicial, y la propia Contraloria ratificó, en un estudio de mediados de ese año, una diferencia de 132 mil millones de pesos entre los presupuestos y balances municipales. Si esto se tomara realmente en serio no existirían casos como Viña o La Florida y muchos otros que aún no son investigados de verdad, pero que son muy fáciles de detectar porque, por ejemplo, no pagan la previsión
Es positivo lo que hace el actual Gobierno al anunciar planes de reasignaciones o subejecuciones pero lo correcto es pasar del alardeo comunicacional a un efectivo plan de ahorros que realmente vuelva la credibilidad a la política fiscal y que también genere una revisión a cómo se controla el resto del gasto público en regiones y municipios.