Mari Alarcón Riveros
Nutricionista, académica
Facultad de Medicina de la Ucsc
Una de las primeras noticias del Ministerio de Salud al inicio de este año fue la presentación de la “Política nacional de alimentación y nutrición”, un hecho absolutamente inédito para el país. Previo a ello, y de un modo implícito, en el derecho constitucional a la salud se encontraba el derecho a la alimentación y nutrición.
Ante esto, lo primero que aparece es la siguiente inquietud: ¿Es relevante la existencia de esta política? En un país que envejece a una rápida velocidad, en donde las enfermedades no transmisibles afectan a gran parte de la población y la obesidad y el sobrepeso son el estado nutricional que presentan dos tercios de los chilenos, la respuesta es solo una: por supuesto que sí.
Esta política representa, sin duda, una oportunidad para avanzar en materia de salud y calidad de vida de los chilenos, en un progreso que sólo se logrará con una serie componentes. Entre ellos, se puede mencionar humanizar la nutrición y promover el desarrollo a la alimentación adecuada. Esto busca que las personas sean consideradas de forma integral, reconociendo e integrando sus conocimientos previos y su cultura.
Se fortalecerá la seguridad alimentaria y nutricional, contemplando en ello la adecuada disponibilidad de alimentos, el acceso a ellos, la correcta utilización biológica de los alimentos y la estabilidad de su suministro.
Esta política mejorará la configuración de los entornos y sistemas alimentarios, dando énfasis al rol importante, y hasta ahora no tan considerado, que tiene el entorno de las personas en la toma de decisiones relacionadas con la alimentación, las condiciones de vida y la estructuración que se efectúe de todas las actividades relacionadas con la alimentación (desde la producción hasta la preparación y consumo de alimentos) como también de los determinantes sociales.
Otro de los puntos destacables de esta propuesta es que busca contribuir en forma activa a la construcción de los entornos, en específico en los ámbitos educacional, laboral y comunitario, incluyendo en dicho abordaje a la alimentación saludable.
Fortalecer la atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud es otros de los aspectos relevantes que abarca la política, lo que repercutirá en mayor recurso humano y capacitación de los mismos, así como recursos físicos que acordes a la población.
La nueva política permite impulsar la participación ciudadana y el control social, lo que propicia la generación de procesos de cooperación entre el Estado y la ciudadanía, en aspectos como la identificación de problemas públicos y la respectiva deliberación de soluciones para atacar de forma correcta estas situaciones.
Por último, esta herramienta posibilita profundizar la intersectorialidad y salud en todas las políticas, alineando a todas las instituciones públicas, de los diversos sectores, que con su quehacer impactan de igual modo en la salud de los chilenos.
El desafío es para componentes de la sociedad que de algún modo se relacionan con este determinante de la salud “alimentación – nutrición”. Esta política es una oportunidad para elaborar regulaciones, planes y programas que permitan contribuir al incremento de la salud y calidad de vida de los chilenos.