Pareció en su momento, un gran paso hacia adelante, algunas otras comunas del país enfilaron hacia la octava región sus antena parabólicas; la ilustre Municipalidad penquista había declarado clausurables los infinitos tugurios y otros más disfrazados de locales respetables que se dedican a tragar monedas.
Sin embargo, desde el alto cielo vino la voz omnipotente de la todopoderosa Contraloría. Para cualquier chileno medianamente informado, la última palabra por antonomasia es el dictamen de la Contraloría, que suele dejar las cosas en su sitio, o por lo menos dejar en claro lo que está bien hecho.
El organismo aludido ha declarado que la ordenanza municipal para regular el funcionamiento de las máquinas tragamonedas de la ciudad de Concepción no se ajusta a derecho. Una nueva batalla perdida de la entidad edilicia que no ha hecho otra cosa que escuchar la voz de los ciudadanos y particularmente la del comercio establecido, dañado por este vecindario inconveniente.
Los argumentos de los empresarios del rubro son conocidos; la igualdad de derechos a perder hasta el alma tanto a los ricos como a los pobres, hasta la frecuente alusión a su papel social al abrir oportunidades laborales, también se agrega comentarios sobre la conveniencia de tener miles de estos juegos repartidos en el territorio, lo cual, de modo inclusivo, permite a todos los chilenos perder democráticamente hasta la plata que no tienen.
El nuevo traspié municipal no debiera suspender la iniciativa de controlar esta red lesiva de negocios. Ya tenemos sobre la mesa la decorativa expresión ludopatía y sus consecuencias, a ver si con las cosas que pasan la Contraloría redefine su concepto de lo que se ajusta a derecho.
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