Jorge Condeza Neuber
@jorgecondezan
Cada vez que ocurren estos casos saltan algunos famosos artículos de nuestras leyes. Primero esos que dicen que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, que el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común o que en Chile no hay persona ni grupo privilegiado. Y luego, que la ley es una declaración de la voluntad soberana que manda, prohíbe o permite; que es punible no solo el crimen o simple delito consumado, sino el frustrado y la tentativa, y que la ley penal chilena es obligatoria para todos los habitantes.
Y por último, que el ejercicio de la función pública obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones y que son circunstancias agravantes cometer el delito con abuso de confianza y prevalerse del carácter público que tenga el culpable.
Todo lo anterior es simple letra muerta, por eso no sorprende la poca relevancia que los actores políticos le dan a la opinión pública y el desprecio que tienen por las leyes y por los otros poderes del Estado, generando un preocupante desbalance hacia un poder que tiene en sus manos el hacerse más poderoso mediante la promulgación de leyes en su favor.
Efectivamente existe una atribución discrecional para establecer que casos siguen por la vía administrativa o por la vía judicial y cuáles de estos van a los tribunales tributarios y en cuales se presentan querellas para que investigue el Ministerio Publico.
Que están todos asqueados y sorprendidos con que el SII no se querelle por las platas políticas no basta. O que aburran los discursos de autoridades que tratan de convencernos con discursos rascas, de que todo funciona normalmente, tampoco es suficiente.
Ahora es muy importante que la ciudadanía mantenga una presión y que todos defendamos la justicia. Por eso es muy relevante lo realizado por el Contralor, que vela por la legalidad de las actuaciones de los órganos públicos, y que ha pedido que esta discrecionalidad no sea un mero capricho. Y también es muy importante que la Corte Suprema haya solicitado un cambio a la ley para que sea el Ministerio Publico quien pueda investigar delitos, sin este filtro del SII. Ambos organismos saben que el ejecutivo se está metiendo la ley y la justicia en el bolsillo.
Lo que se ha visto con las platas políticas es corrupción dura y pura y la acción de un organismo del Estado, dispuesto a que no se investigue, lo agrava. Es válido que el SII persiga recaudación, pero aquí está en juego no solo el contrato de que todos contribuimos en base a nuestras capacidades, sino que al no perseguir los delitos se afecta la fe pública y la percepción de justicia, asuntos muy valiosos y que debemos resguardar.