El principio de imparcialidad, consagrado en la ley, no es suficiente para resguardar la objetividad del servicio.

 

Gran parte de los problemas que ha enfrentado Chile en estos agitados últimos años son producto del funcionamiento de algunos servicios públicos claves. Esta semana ha vuelto a la contingencia las presiones ejercidas al SII para obstaculizar la investigación del caso SQM, lo que debería llevar a replantearnos el rol que ejercen determinados servicios y su vinculación con los gobiernos de turno.

Cuando estalló el denominado Caso Penta parecía que las instituciones funcionaban, ante las denuncias efectuadas por el SII a los controladores del grupo. Bastó que la investigación de la fiscalía triangulara cierta información para que se abriera una nueva arista que, ahora, salpicaría a todo el espectro político. 

De ahí en adelante, el rol del SII se vio paralizado y menos acucioso en su aporte a la indagación, a tal punto que no presentó querellas en las investigaciones por financiamiento irregular. Lo complejo es que habría sido el propio gobierno (a través del Ministerio del Interior) el que presionó para sofocar la labor del SII. 

De esta forma, es evidente que la relación de dependencia con el gobierno de turno es un obstáculo para el correcto funcionamiento de la institución, ya que todo parece indicar que el principio de imparcialidad, consagrado en la ley, no es suficiente para resguardar la objetividad del servicio.

Ahora bien, el papel que juega el color político en el funcionamiento de las instituciones sobrepasa lo ocurrido en el SII. Hemos conocido otros casos donde la desmedida injerencia de los partidos ha terminado por corromper los servicios, dejando a su paso fatales consecuencias, como ocurrió en el caso del Sename. 

Estas materias trascienden a la labor de un gobierno específico y no están determinadas –o al menos no deberían estarlo– por la ideología o el enfoque de una administración, como sí puede ser el caso de la economía, el empleo, las políticas sociales e, incluso, la diplomacia. De esta forma, la situación del Sename, el Registro Civil o el SII no puede estar al vaivén de los gobiernos de turno y el cuoteo, ni mucho menos pueden verse indebidamente presionados a faltar a sus funciones. 

No se trata de independizar del gobierno central a todos los organismos públicos, ya que, por definición, los partidos políticos deben contribuir a la formación de ciudadanos idóneos para la administración pública. 

Lo que debemos hacer es avanzar hacia un Estado más estructural, donde haya servicios que, por su misión, deban tener un carácter de mayor autonomía que garantice la imparcialidad y estabilidad de su funcionamiento, y así no volver a repetir episodios donde los propios servicios son los que obstaculizan la labor del Estado.