90 días cumplió el conflicto político y social que afecta a Nicaragua, donde la violencia parece no dar tregua. Sólo este martes, la oficina de Derechos Humanos de la ONU acusó a la policía y a autoridades del gobierno de Daniel Ortega de matar y encarcelar a personas sin someterlas a un juicio y de cometer torturas en su contra.
En la misma línea, la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos denunció que durante la última jornada murieron tres personas en Masaya, alcanzando los 350 fallecidos desde el inicio de las protestas el 18 de abril. Testigos vivenciales revelaron a La Tercera la violencia que sufre el país centroamericano.
Jonathan López, uno de los líderes de la Coordinadora Estudiantil en Managua, organización que se tomó la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, relató que el pasado viernes tuvieron que buscar refugio dentro de una iglesia debido al ataque de paramilitares. “Escuchabas como disparaban y disparaban y de repente venía un silencio que era cuando recargaban las armas. Algunos de los doctores de las brigadas médicas nos decían que eso era un fusil M-16, un AK-47 o el fusil de un francotirador Dragunov. Con ese asesinaron a Gerald (Vásquez) y a Francisco José (Flores) de un disparo en la cabeza. La iglesia parece queso por la cantidad de hoyos que dejaron las balas”, narró López.
Por otra parte, Yader Vásquez aún no entiende que el gobierno asesinara a su hijo Gerald. “A mi hijo le gustaba bailar folclor, por eso llegaron sus compañeros a bailarle al funeral. El mismo domingo hace tres años bailó para el gobierno, los mismos que ahora le dicen que era un delincuente, terrorista y vándalo. Ellos siguen jugando con el dolor del pueblo”, contó un apenado padre. “Veo las fotos y pienso: ¿cómo es posible que lo mataran? Es un dolor inmenso”, añadió Vásquez. “Ellos saben dónde vivo y pienso: ¿a qué hora van a venir a buscarme? Tampoco me voy a esconder, la lucha no será de los hijos, sino de los padres”, sentenció Yader Vásquez, temeroso de lo que podría pasar en su país.
La cárcel El Chipote es donde la policía lleva a los detenidos de la oposición. En las afueras del inmueble, cientos de mujeres esperan noticias de sus familiares. “Lo más dramático es que las mamás medio se alegran al saber que sus hijos están detenidos porque, sino aparecen asesinados producto de las detenciones ilegales”, asegura la activista y defensora de derechos humanos, Haydée Castillo.
A esto se suma que “Algunas mujeres han sido violadas por los paramilitares y están llenas de miedo y no quieren denunciar. Mientras que las mujeres defensoras de derechos humanos somos estigmatizas y nos criminalizan”, detalló Vásquez.
“Los paramilitares nos odian, nos quieren ver muertos y desaparecidos a todos los jóvenes”, afirmó una de las mujeres que dirige el movimiento estudiantil en Managua, quien no quiere ser identificada por temor a represalias.
Un día después del inicio de las protestas en Nicaragua, el 19 de abril, se formaron distintos movimientos en universidades. “Los que logramos escapar el fin de semana fuimos perseguidos, a algunos los tienen detenidos. La policía dice que teníamos armas, nos acusan de golpistas. En El Chipote tienen detenidos a entre 10 a 15 estudiantes y de los otros dos no sabemos nada. Por eso exigimos que los liberen, porque no somos delincuentes”, señaló por teléfono la “comandante”.
“No vemos conveniente seguir organizándonos, porque la mayoría de nosotros tiene miedo y presos no hacemos nada”, sentenció la líder.