A casi un mes de iniciado estallido social, los partidos acordaron un pacto que selló el proceso constituyente. Un año después, el balance del suceso es dispar.
Con el final de la dictadura militar, el país entró en un largo proceso de transición, que alcanzó a durar cerca de 30 años. En medio de esas tres décadas, en Chile se vivieron diversas situaciones que estuvieron lejos de ser lo que la ciudadanía necesitaba. Bajos sueldos, el elevado costo de la vida, un irregular sistema de pensiones, la privatización de recursos naturales y la injusticia con los pueblos originarios marcaron toda una época.
Pese a que la situación parecía normal, el 18 de octubre de 2019, aquella bomba de tiempo, que ningún Gobierno quiso estabilizar, terminó por reventar. Y lo hizo de la peor forma posible. Aquella tarde noche, en Santiago (y luego en todo el país) la ciudadanía inició el mundialmente reconocido estallido social que, pese a la crisis sanitaria, ha seguido vigente hasta estos días.
En medio del caos que se vivía en las calles del país a diario, el 15 de noviembre, en el Congreso, se generó un consenso político formal como respuesta a las movilizaciones, situación que no dejó conforme a todos los actores sociales y que fue reconocido como el “Acuerdo por la Paz”.
“Esto se forjó como consecuencia de las movilizaciones. El acuerdo fue una salida de parte de quienes habían secuestrado el ejercicio de la democracia y que se vieron forzados a sacar el descontento por una vía institucional. La única manera de hacerlo fue a través de un cambio dentro de lo que representaba la consagración de los pilares sobre los que se construía el modelo que estamos viviendo y que generó el descontento en la población (representado por la Constitución de 1980)”, comentó el académico de la UdeC, Andrés Cruz.
El “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución” (con hoja en blanco) fue el compromiso de la mayoría de los partidos políticos con representación parlamentaria para reformar la Constitución de 1980 y crear un mecanismo para su reemplazo.
De hecho, el acuerdo fue considerado como “políticamente correcto”, para calmar la insurrección popular, porque de no haberse generado el caos social, difícilmente se hubiese generado un consenso transversal como el que se firmó aquella noche entre las paredes del Congreso.
“Desde mi perspectiva es el acuerdo político más importante del último tiempo. Permitió recuperar una salida institucional y pacífica a lo que parece ser la crisis política y social más grande que enfrentó Chile después del retorno a la democracia. Valoro la apertura de este proyecto constituyente en el país, buscando justicia y mayor igualdad”, señaló el diputado Manuel Monsalve (PS).
Por su parte, Andrés Cruz considera que el acuerdo se firmó sólo porque fue “una salida desesperada que tuvo la élite política oligárquica partidocrática”.
Si bien en su momento todos los partidos destacaron el acuerdo que abrió la real opción a un proceso democrático y constituyente, este pacto tenía condiciones que no se cumplieron, dicen en el oficialismo.
“Por un lado se hicieron exigencias políticas establecidas por la oposición. Sin embargo, por el tema relacionado a la paz no se ha cumplido ningún punto por las razones y hechos que todos conocemos amparado en la complicidad de un sector político del país que debió rechazar la violencia que estamos viendo. Es un acuerdo cojo que no se ha cumplido en la totalidad”, indicó el diputado Iván Norambuena (UDI).
Un sector de la oposición quedó molesto con la decisión de firmar una alianza de paz con el oficialismo, porque “no consultaron a las bases de sus propias organizaciones”, manifestó el diputado Félix González (PEV).
“Este acuerdo, que deriva en un proceso constituyente, no es lo que se merecía Chile. Necesitábamos una Asamblea Constituyente, soberana y con la renuncia de Piñera. Este ‘Acuerdo por la paz’, significó salvar a este Gobierno y limitar un proceso que debió ser ciudadano. Aún quedan vestigios de la dictadura de Pinochet”, sostuvo el parlamentario.
Agregó que el pacto fue una “traición a la ciudadanía, con mucha arrogancia y con un robo de representación que algunos partidos no tenían”.
Pese a ello, las cartas ya están sobre la mesa y el próximo domingo 25 de octubre, se dilucidará lo que será el futuro de Chile.