La aguda crisis habitacional que atraviesa a la Región del Biobío exige que cada solución construida con fondos del fisco cumpla estrictamente el fin para el cual fue concebida.

Entregar techo, dignidad y seguridad a las familias que más lo necesitan es parte de esta lista. Las recientes cifras dadas a conocer por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), que dan cuenta de más de 3.000 fiscalizaciones desde 2020 y decenas de demandas judiciales orientadas a restituir inmuebles fiscales que se encuentran arrendados de forma irregular o derechamente deshabitados, representan una señal indispensable de orden y justicia territorial.

“Es importante recalcar que este es un proceso que es parte del trabajo que realiza el Minvu y que el ministro Iván Poduje nos ha pedido intensificar. Por eso, si detectamos viviendas deshabitadas o con un uso irregular, iniciaremos los procesos de recuperación para asignarlas a las miles de familias que aún siguen esperando”, señaló Anselmo Villagra, seremi de Vivienda y Urbanismo en Biobío.

En esa línea, el seremi dio cuenta de que, del total de las intervenciones que se han realizado en la Región durante el 2026, el servicio ha presentado 50 demandas por medio de su departamento jurídico, de las cuales 6 se encuentran cerradas o terminadas, restando otras 44 demandas que aún están en proceso. Esto con el fin de lograr la restitución del inmueble.

“Si efectivamente se comprueba que la vivienda no está siendo ocupada por quien corresponda, o se le está dando un uso distinto al habitacional, se inicia un proceso administrativo para dejar sin efecto el subsidio y exigir la restitución de la propiedad al Serviu. Además, se pueden tomar acciones judiciales para recuperar la inversión fiscal”, destacó el seremi.

No es posible que, mientras miles de familias esperan por largos años una solución, existan beneficiarios que mercantilicen un beneficio estatal. Las viviendas sociales no constituyen un activo individual, sino un bien estratégico resguardado por el Estado. Por ello, la labor de control que despliegan las carteras del Minvu en las provincias de Concepción, Arauco y Biobío debe consolidarse como una política permanente e implacable.